El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio favorable a la proposición de ley por la que se adoptan medidas en materia de plazos concesionales y se modifica la Ley 7/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, presentada ante la Mesa del Parlamento andaluz por los grupos parlamentarios de PP y de Ciudadanos (Cs).
Con esta iniciativa, se quiere acabar con una situación de «inseguridad jurídica que afecta gravemente al sector, que no puede hacer previsiones a corto y largo plazo en relación a sus concesiones porque el desconocimiento de la vigencia de los mismos impide nuevas inversiones y contrataciones de personal», según se ha dado a conocer este lunes durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo andaluz.
«La transcendencia social y económica de este conflicto urge darle una solución», asegura un informe que analizó el Consejo de Gobierno el pasado 30 de enero, en el que se recuerda que los puertos afectados cuentan con una plantilla a más de 500 empleados directos y gestionan más de 7.000 atraques.
A la vista de esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, ha planteado ante el Consejo de Gobierno en su sesión de 17 de junio 2019, la gravedad del problema y la «urgente necesidad» de resolverlo. Así, ha tomado conocimiento de la grave situación y ha acordado la necesidad de solventarla de forma urgente.
La Consejería de Fomento, una vez conocido el texto propuesto en laProposición de Ley, ha mantenido reuniones con la Administración Estatal, alcanzando un primer acuerdo en la filosofía y alcance incluidos en el texto, así como con el sector, y buscará el «máximo consenso» entre las fuerzas políticas para lograr un acuerdo parlamentario que resuelva el problema de las concesiones y de los clubes náuticos.
El origen del problema reside en que las concesiones portuarias andaluzas se asientan sobre porciones de suelo de competencia estatal y se regulan a través de normativas de costas y puertos que han llevado a diversas interpretaciones de cara a su aplicación. Tras varios informes jurídicos y reiteradas consultas a la Administración central – la última de enero de 2019 -, el Estado no se ha pronunciado salvo para indicar que cada comunidad debe interpretar la legislación vigente dentro de sus competencias. Esa situación se ha resuelto en otras comunidades mediante una regulación propia, no así en Andalucía.
El anterior gobierno no abordó esta problemática y sólo en verano de 2018, en el Parlamento de Andalucía, se presentó una proposición de ley. La tramitación de esta proposición de ley caducó al finalizar la legislatura. Esta situación, añade el informe elevado al Consejo de Gobierno, «está afectando gravemente al sector, porque les impide realizar previsiones a corto y largo plazo», ya que la finalización de estas concesiones «podría acarrear la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos y la paralización económica por la pérdida de actividad».
A ello se suma que la Consejería de Fomento, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), debería asumir la gestión directa mientras se tramitan las nuevas concesiones, «para lo que no dispone de los recursos humanos y materiales suficientes», sumado todo ello a los perjuicios económicos ante posibles reclamaciones de las concesionarias y de terceros por el uso de atraques o inmuebles con contratos en vigor.
CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO NORMATIVO. Dicha proposición de ley no solo tiene por objeto regular de forma concreta, ordenada y desarrollada el problema existente, sino que adopta medidas de carácter social para la regeneración y consolidación del empleo, promover el acceso de todos los ciudadanos a los puertos y al ejercicio de los deportes náuticos.
En primer lugar, la proposición viene a aclarar la situación de «inseguridad jurídica» existente en 13 concesiones relevantes y determina que dichas concesiones tienen un plazo máximo de 50 años desde la entrada en vigor de la Ley de Puertos del Estado del año 1992, fijando como límite máximo el año 2042.
Además, se prevé la posibilidad de otorgarles una prórroga para que puedan llegar hasta el plazo final previsto en sus títulos, si realizan una inversión de entre el 0,25 por ciento por año de prórroga y el cinco por ciento como máximo del valor de las instalaciones objeto de la concesión. En esta prórroga se establece la obligación de estas entidades concesionarias de respetar los derechos de uso que ostenten terceras personas sobre elementos integrantes de la concesión porel plazo original por el que fueron constituidos o cedidos.
En segundo lugar, el texto modifica el plazo máximo de las concesiones demaniales. Amplía el plazo máximo de las concesiones demaniales de 30 a 50 años (al igual que ha hecho tanto el Estado como casi todas las comunidades autónomas con competencias portuarias) y prevé un supuesto de prórroga extraordinaria de un plazo similar al inicialmente otorgado, con un tope máximo más prorroga de 75 años, para cuando concurran determinados supuestos. Tiene como objeto promover una mayor inversión privada y competitividad en los puertos andaluces y sigue el modelo de Puertos del Estado en cuanto a permitir prórrogas de hasta 75 años máximo.
En último lugar, el texto normativo introduce la correspondiente norma de derecho transitorio, que posibilita a las concesiones otorgadas con anterioridad a la presente modificación acceder a dichas prórrogas, incluso a aquellas concesiones no vigentes que hubieran tenido derecho a dicha prórroga si la Comunidad Autónoma de Andalucía hubiese legislado cuando debía hacerlo y no de «forma tardía» como lo está realizando, siempre y cuando las mismas cumplan una serie de requisitos.
