La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde este próximo miércoles día 16 de octubre a cinco personas acusadas en relación con presuntas irregularidades detectadas en certificaciones y valoraciones de obras realizadas en el puerto de Málaga, en concreto por, supuestamente, alterar documentos con el objetivo de introducir sobrecostes en estas actuaciones. El perjuicio se estima en más de 940.000 euros.
La Sección Tercera de la Audiencia malagueña ha fijado por el momento 14 días de juicio. Así, tras el miércoles, la vista oral se retomará el 6 de noviembre, mes en el que hay otras cuatro sesiones previstas; y seguirá en diciembre, con siete días fijados por el momento. Está previsto que finalice en enero.
Los acusados, con distintas responsabilidades en ese momento en la proyección y ejecución de estas actuaciones, se concertaron para «justificar y encajar» en el presupuesto los supuestos sobrecostes
Según informa Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción analiza en 22 páginas de sus conclusiones provisionales, los proyectos y modificados para actuaciones desarrolladas del Atraque Sur del puerto, reparación y restauración de la estructura del atracadero sur de cruceros y mejora de calado de la dársena del antepuerto y alineación del muelle 9.
Según el escrito inicial del fiscal, los acusados, con distintas responsabilidades en ese momento en la proyección y ejecución de estas actuaciones, se concertaron para «justificar y encajar» en el presupuesto los supuestos sobrecostes, recogiendo obras «innecesarias» que serían «certificadas sin haber sido ejecutadas» o un volumen «superior al real».
Los acusados son dos extrabajadores del puerto, a quienes la Autoridad Portuaria confió en ese momento la dirección y control de las obras del atraque sur; dos responsables de la empresa contratista; y uno de otra sociedad constructora. Se investigan delitos de fraude y de falsedad en concurso con malversación.
El fiscal sostiene que uno de los entonces empleados del puerto se «comprometió a manipular las futuras relaciones valoradas y certificaciones para aumentar subrepticiamente el valor de la obras», contando, dice la acusación pública, con «el respaldo y ayuda» del otro empleado «como controlador directo de las obras y de las mediciones». No ha quedado acreditado que pidieran a cambio dinero ni lo recibieran de la constructora.
El escrito señala que en la liquidación de las obras «se modificaron arbitrariamente las mediciones de al menos cuatro unidades de obra», apuntando que «el perjuicio económico generado a la Autoridad Portuaria a través de certificaciones y liquidaciones fraudulentas de los proyectos modificados y complementario del Atraque Sur asciende a 942.506 euros solo en el concepto de ejecución material».
En cuanto a la reparación y restauración del atracadero sur de cruceros, el fiscal explica que se tuvieron que hacer actuaciones a raíz del impacto en febrero de 2008 de un buque, empujado por el temporal, resultando dañada la estructura. En este apartado, dicho empleado del puerto acusado actuó, dice esta parte, «impulsado por el afán de favorecer a la constructora» y con el fin de «neutralizar el riesgo de que al reconstruir o reparar el pilote dañado afloraran las irregularidades cometidas en las certificaciones».
El fiscal solicita para el principal procesado, al que acusa de los delitos de falsedad y malversación, de fraude y de falsedad, la pena de once años y medio de prisión, para el otro exempleado del puerto pide seis años, así como tres años de cárcel para cada acusado de la contratista, solicitando que sea considerada responsable civil subsidiaria; y dos años de cárcel para el empleado de la otra empresa
Éste fue despedido cuando se descubrió «que la longitud de los pilotes del Atraque Sur era muy inferior a la certificada y liquidada en el expediente administrativo», tras lo que se inició este procedimiento judicial.
Respecto a la mejora del calado del muelle 9, el principal acusado redactó un proyecto, que se adjudicó a una empresa, y se concertó con el entonces trabajador de dicha empresa acusado para «solapar las posibles irregularidades mediante una certificación de obras», generando, así, «una falsa apariencia de normalidad en los calados».
El fiscal solicita para el principal procesado, al que acusa de los delitos de falsedad y malversación, de fraude y de falsedad, la pena de once años y medio de prisión, para el otro exempleado del puerto pide seis años, así como tres años de cárcel para cada acusado de la contratista, solicitando que sea considerada responsable civil subsidiaria; y dos años de cárcel para el empleado de la otra empresa.
Desde la defensa de los acusados de la contratista y de la propia empresa indicaron en su momento que «todas las obras se realizaron», incluyendo las no contempladas inicialmente en los proyectos; y señalaron que se aportaron informes técnicos, fotográficos y periciales «acreditando la ejecución» de las mismas.
