El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha formulado una recomendación al Ministerio del Interior para que se modifiquen las instrucciones sobre polizones extranjeros con el objetivo de proteger a posibles solicitantes de asilo.
Fernández Marugán considera que las instrucciones conjuntas –de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, la Dirección General de Política Interior y la Dirección General de Inmigración sobre tratamiento de polizones extranjeros– «deben modificarse para proteger los derechos de posibles solicitantes de asilo que se encuentren en buques que estén en aguas jurisdiccionales españolas».
A su juicio, en ellas se debe incluir «la obligación» de comunicar «por escrito a la autoridad portuaria la presencia de solicitantes de asilo en el interior de buques que estén en aguas jurisdiccionales españolas».
En este sentido, ha recordado que se debe comunicar a la Autoridad Portuaria «su obligación de no autorizar la salida del barco hasta que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) se pronuncie sobre los expedientes de estas personas», ya que entre los derechos que les corresponden se incluye el de permanecer en territorio o en aguas españolas mientras se resuelve su solicitud.
Por otra parte, la Institución ha recomendado también que se incluya en estas instrucciones la obligación de aplicarlas «a cualquier persona que esté a bordo de un buque en aguas españolas y manifieste su voluntad de pedir asilo independientemente de que tenga condición de polizón, tripulante u otras».
Por último, el Defensor pide que en las citadas instrucciones «se establezca de forma expresa la obligatoriedad de entregar sin demora a los letrados copia de la documentación que les permita continuar con la asistencia jurídica de los solicitantes».
Las recomendaciones se realizan tras la denuncia de un caso ante la Institución en el que dos personas localizadas en un buque atracado en un puerto español y que habían solicitado protección internacional, abandonaron aguas españolas sin que la OAR se pronunciara sobre su situación.
Las peticiones fueron admitidas a trámite pero no pudieron notificarse a los interesados al haber zarpado el barco sin que los solicitantes hayan podido ser localizados con posterioridad, según asegura la Institución.
Así, Fernández Marugán ha insistido en que la normativa en materia de asilo tiene como objetivo garantizar el respeto a la vida y la integridad de los solicitantes de asilo hasta que se resuelvan sus expedientes y se determine si necesitan protección internacional. Por ello, el defensor ha reiterado que «un pilar fundamental del asilo es el principio de no devolución cuyo fin es evitar riesgos para la vida y la integridad física de las personas solicitantes».
