El acuerdo alcanzado entre las empresas estibadoras y los sindicatos sobre el futuro del sector de la estiba, se encuentra en manos de la Comisión de Transportes de la Unión Europea, que debe ser el organismo que se pronuncie al respecto, antes de que el Gobierno lo traslade a sede parlamentaria para su aprobación.
Ambas partes entienden que los acuerdos alcanzados no deben contar con reparo alguno de la Comisión Europea, pero hasta su pronunciamiento no se atreven a aventurar un punto y final al conflicto
En la reunión mantenida en las últimas horas por representantes de Anesco, de los sindicatos y del grupo parlamentario socialista en el Congreso ha quedado claro que el acuerdo es total entre las partes, por lo que se despejan, de momento, las dudas sobre posibles movilizaciones, ya que sólo la incertidumbre sobre lo que pueda determinar Europa planea sobre el sector.
Ambas partes entienden que los acuerdos alcanzados en los puntos más conflictivos de la negociación, desde que el Gobierno anterior aprobase el Real Decreto Ley de reforma de la estiba que fue rechazado en sede parlamentaria, no deben contar con reparo alguno de la Comisión Europea, pero hasta su pronunciamiento no se atreven a aventurar un punto y final al conflicto.
En cuanto a los Centros Portuarios de Empleo (las antiguas Sagep), el Ministerio de Trabajo está dispuesto a modificar la Ley de Empresas de Trabajo Temporal para atender las especificidades del sector. Un escollo que se puede dar por salvado, al igual que ya ocurriese en anteriores reuniones de la Mesa de Trabajo con la problemática de las prejubilaciones, para las que el Gobierno ya ha presupuestado casi 30 millones de euros, a la espera de conocer la opinión de Europa sobre lo panteado en el nuevo Real Decreto Ley y, sobre todo, a la espera de que se puedan sacar adelante las cuentas del Ejecutivo.
Tras la reunión mantenida en las últimas horas, el acuerdo se da por cerrado, a pesar de la existencia de ciertas diferencias internas en el seno de Anesco, asociación a la que se quieren volver a integrar «sin formalizar su entrada», las empresas que se segregaron del colectivo y que constituyeron la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport).
