El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, va a plantear «directamente» a la Comisión Europea la necesidad de «una mayor intervención del Estado» en la línea marítima con Algeciras, de cara a abaratar las tarifas como una cuestión «estratégica» para el futuro de la ciudad autónoma, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no haya avalado la propuesta de imponer nuevas obligaciones de servicio público a las navieras e incluso, haya cuestionado en un informe el mantenimiento del contrato de servicio público adjudicado a la naviera Baleària.
En la actualidad, la oferta de servicios de los operadores supera ampliamente la exigida en las obligaciones de servicio público y arroja algunas dudas sobre la necesidad del contrato de servicio público
La Comisión ha concluido en un informe relativo al «análisis de las obligaciones de servicio público para el transporte marítimo de pasajeros y vehículos en la línea Ceuta-Algeciras» que la propuesta de la Ciudad Autónoma debería partir de un análisis más profundo de su impacto previsto sobre las diferentes tipologías de pasajeros que se verían afectados y sobre las empresas que operan la ruta, y de un mejor diagnóstico de la situación actual, así como prever que la intervención puede tener efectos indeseados.
Según su dictamen, «en la actualidad la oferta de servicios de los operadores supera ampliamente la exigida en las obligaciones de servicio público y arroja algunas dudas sobre la necesidad del contrato de servicio público, lo cual debería llevar a reevaluar las medidas regulatorias actualmente vigentes».
El Ejecutivo ceutí propuso al Ministerio de Fomento en octubre de 2017, con el respaldo de un informe jurídico externo, que impusiese a las navieras que operan entre la ciudad y Algeciras (Balearia, Trasmediterránea y FRS) la obligación de realizar una rotación diaria a no más de 15 euros por pasajero y trayecto, solicitud que se sometió a la opinión de Competencia.
El planteamiento del Gobierno regional parte de que el «anormalmente bajo» nivel de ocupación de los barcos de la línea del Estrecho –entre un 20% y un 22% en el caso del pasaje y entre un 16% y un 30% en el de los vehículos– responde a «la decisión de las navieras de conservar horarios y derechos de pasaje» sin lastrar su cuenta de resultados porque siguen obteniendo «beneficios extraordinarios» y «muy superiores» a un beneficio empresarial teórico del 8,5%.
Los expertos contratados por el Ejecutivo local refrendaron que los precios actuales, bonificados desde verano para los residentes en un 75%, «son absolutamente desproporcionados en comparación con los practicados en el resto de las líneas entre puertos españoles» o en líneas de navegación de ámbito internacional en Europa. Sólo la existencia de «una demanda cautiva» y de algún tipo de «acuerdo expreso o tácito» puede, a su juicio, explicar una política de oferta «disparatada» como la existente.
