Se acaba de cumplir un año de la reunión en la que empresarios y trabajadores del sector de la estiba se reunieron para cerrar un acuerdo en el que se diseñaron el calendario y las bases de la negociación trazados cuatro meses antes, de cara a determinar las nuevas plantillas para las compañías que trabajan en los puertos.
Se daba así oficialidad a la subrogación de los estibadores que habían dependido de las Sageps y que ahora, forman parte de los llamados Centros Portuarios de Empleo, a falta de la decisión del Gobierno de hacer público el reglamento de descuelgue del Real decreto ley de reforma del sector, que haga efectivos los cambios exigidos por los Tribunales europeos.
El posicionamiento del Consejo de Estado se está alargando en el tiempo, lo que sigue manteniendo la incertidumbre en un sector pendiente de lo que pueda suceder para hacer efectivos los convenios colectivos en los distintos puertos
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido desde su llegada, en la intención de cerrar este capítulo cuanto antes, el posicionamiento del Consejo de Estado se está alargando en el tiempo, lo que sigue manteniendo la incertidumbre en un sector pendiente de lo que pueda suceder para hacer efectivos los convenios colectivos en los distintos puertos en los que empresas y sindicatos han llegado a acuerdos concretos, como es el caso del puerto de Algeciras, a raíz de la modificación parcial del IV convenio del sector que sigue a la espera de ese reglamento en el que se desarrollan las condiciones para realizar la subrogación.
Al parecer, el Consejo de Estado espera conocer la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para adoptar su decisión, ya que este organismo mantiene su amenaza de sanción sobre las compañías que suscribieron el pacto que acabó con las movilizaciones a pie de muelle, al apreciar prácticas tendentes a la “restricción de la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y en la limitación de la libertad de las empresas de participar o no en las sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los citados empleados”.
Un año después, por tanto, del acuerdo alcanzado entre las partes, la aplicación de los resultados del pacto sigue en el aire, aunque tras los seis meses de prórroga aprobados por el Gobierno para conceder más tiempo y poder conseguir la fórmula mágica que satisfaga a todos parece haber calmado un tanto los ánimos, aunque pocos son los que se atreven a mover ficha, hasta conocer el dictamen del Consejo de Estado.
