El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ceuta ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el presidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad autónoma, José Torrado, que se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel de la Fiscalía por la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la gestión de la dársena deportiva.
Según han informado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el órgano competente para su enjuiciamiento será la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta. Torrado dispone ahora de «diez días» para presentar escrito de defensa.
La Audiencia Provincial estimó en mayo de 2017 un recurso de la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de Ceuta contra el sobreseimiento de la causa abierta en 2011 sobre Torrado y otros dos cargos de la Autoridad Portuaria, diligencias que ordenó continuar con respecto al primero.
Los denunciantes acusaron a Torrado de permitir a la que es adjudicataria desde 2006 de la gestión de la dársena deportiva, la empresa ‘Mahersa’, un supuesto incumplimiento «sistemático» del Pliego de Condiciones que rige la concesión.
Tres meses después de su entrada en vigor, el presidente del Puerto acordó consentir el encarecimiento de las tarifas máximas a pagar por los usuarios «un 13% sobre el conjunto de las tasas que venía facturando la Autoridad Portuaria con anterioridad a la adjudicación del concurso», supuestamente por encima del 10% de incremento de precios preestablecido; y, en paralelo, reducir el canon que debía pagarle la concesionaria de 415.000 a 157.000 euros.
En diciembre de 2007, la Autoridad Portuaria «condonó» a ‘Mahersa’ (empresa liderada por un diputado autonómico del PP y un familiar político cercano del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, cuyo Ejecutivo propone al presidente del Puerto) una deuda de 232.799,64 euros para «compensar» deudas, según los querellantes «inexistentes», por el mismo importe.
A juicio de la Audiencia Provincial, «no cabe descartar en absoluto que pudiera haber existido un conglomerado de personas que, incluso antes de adjudicarse la concesión a ‘Mahersa’, pudiera haber actuado en la sombra y desde fuera y dentro de la Autoridad Portuaria de Ceuta con el objeto último de lograr que acabara siendo concesionaria y obtuviera el mayor beneficio posible con la explotación del dominio público portuario».
En el caso de Torrado, ha apreciado en sus pronunciamientos sobre la instrucción que «no sólo habría llevado a cabo una actuación que, conforme a los datos de los que se dispone, aparentemente sería contraria a la legalidad, sino que, además, groseramente quebrantadora de las normas desarrolladoras de la explotación por terceros del dominio público portuario en virtud de una concesión».
Según ha adelantado el diario digital Ceutaactualidad.com, el juez instructor ha impuesto al presidente de la Autoridad Portuaria el pago de una fianza de 2,07 millones de euros «para cubrir las responsabilidades pecuniarias» que pudieran derivarse del proceso.
