España y Portugal presentan este lunes a la Comisión Europea el Plan de Gestión Plurianual (2018-2022) para la captura de la sardina en aguas ibéricas, elaborado conjuntamente, en el que se plantea un incremento mínimo de la biomasa de esta especie del 5 por ciento anual.
Dicho plan defiende medidas que garanticen la pesca sostenible de la sardina ibérica y genere beneficios socioeconómicos y su presentación se produce después de haber sido debatido con el sector y las comunidades autónomas.
Fuentes del sector han explicado que, además, en ese marco, se propondrá limitar las capturas de sardinas a 14.600 toneladas en esta zona para el próximo año -a repartir entre ambos países-, lo que supone una reducción del 14 por ciento respecto a este año, en el que la cuota finalmente ha sido de 17.000 toneladas.
El pasado 20 de noviembre la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, avanzó que se estaba trabajando en este plan con un doble objetivo, no cerrar la pesquería de la sardina y que la Comisión no imponga un límite de capturas, sino que dé validez a ese plan conjunto presentado por ambos países.
La ministra expresó su confianza en que la propuesta hispano-lusa tenga «un resultado favorable», ello sin olvidar que «todos tenemos que hacer un esfuerzo en cuanto cuál será la cantidad final que la CE nos autorice pescar con dos objetivos: mantener la pesca y trabajar todos por la recuperación de la especie que todos sabemos que no pasa por su mejor momento».
Dada la importancia socioeconómica que tiene la pesca de la sardina ibérica para las flotas de España -centrada en el Golfo de Cádiz y en el Cantábrico y Noroeste- y Portugal, ambos países han trabajado intensamente en la elaboración de una propuesta que garantice las actividades de la pesca sostenible, con medidas de gestión coherentes que permitan generar beneficios socioeconómicos.
La intención de ambos gobiernos es seguir aplicando la Política Común de Pesca, con un plan de recuperación y un nivel de capturas que lleve a un incremento mínimo de la biomasa del 5 % anual.
