La asamblea de estibadores portuarios en Avilés ha decidido presentar un preaviso de huelga ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con las empresas sobre el futuro del personal estibador y tras la decisión de iniciar el proceso de disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE) en dicho puerto.
El preaviso de huelga ha sido presentado por el sindicato de Estibadores del Principado de Asturias (SEPRA) integrado en Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios (CEEP). La huelga, de no llegarse antes a un acuerdo previo, se llevará a efecto a partir del 13 de febrero.
Este proceso de disolución se inició desde abril del 2022, cuando las empresas –principalmente Bergé y Ership– manifestaron que no están de acuerdo con la mutualización que se introduce por la Ley 4/2022 que se promulga en febrero de 2022.
El sindicato ha mantenido, desde entonces hasta enero de 2023, diversas líneas de trabajo y reuniones en el intento de reconducir la situación y defendiendo que no existe causa legal de separación y consecuentemente de disolución, por lo que el colectivo siempre ha estado ofreciendo la posibilidad de negociar mejoras para evitarlo.
Entre las propuestas, siempre se ha mantenido la necesidad de que el trabajador a subrogar debe tener garantizado que se le dará trabajo y que se le respetará, como mínimo el salario anual percibido en el año anterior, y que el V Acuerdo Marco de la Estiba es de obligado cumplimiento.
Igualmente, se ha pedido la retroacción de las medidas salariales y organizativas, concedidas desde que comenzó el conflicto y se ha discutido, sobre la antigüedad, la representación de los trabajadores y la mesa única de la estiba.
Por su parte, las empresas vienen defendiendo su negativa a mantener personal con otros socios. Actualmente, las empresas no parecen querer mover su postura llegando incluso en abrir la vía del ofrecimiento individual.
El proceso de disolución del CPE en el que se encuentra inmerso el de Avilés, tiene su origen directo en el proceso de reconversión del sector que comenzó con la sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si bien, tras dos modificaciones legislativas posteriores y la promulgación del V Acuerdo Marco de la Estiba a nivel estatal, así como la trasformación de SAGEP en CPE y varios intentos de disolución en Avilés se ha llegado a este punto.
