El plan de adaptación al cambio climático de los puertos autonómicos asturianos supera la tramitación ambiental

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La Comisión de Asuntos Medioambientales (CAMA) ha informado favorablemente la declaración ambiental estratégica del Plan de Adaptación al Cambio Climático de los Puertos Autonómicos del Principado de Asturias, que tiene como principal objetivo adecuar las infraestructuras portuarias a los retos que plantea el calentamiento global y garantizar así su operatividad en el futuro. El trámite que ha despachado la CAMA es el paso previo a la aprobación del documento por parte del Consejo de Gobierno.

El sistema portuario de competencia autonómica está formado por 24 infraestructuras e instalaciones portuarias: Vegadeo (Castropol sur), Castropol, As Figueiras, Tapia, El Porto/Viavélez, Ortigueira, Navia, Puerto de Vega, Luarca/L.luarca, Oviñana, Cudillero, San Esteban, San L’Arena, Llumeres, Bañugues, Lluanco/Luanco, Candás, Tazones, El Puntal, Llastres, Ribadesella/Ribeseya, Niembru, Llanes y Bustio.

Aunque la vigencia del plan se extiende hasta 2030, el documento evalúa el nivel de riesgo al que están expuestos actualmente los puertos y su posible incremento, como consecuencia del impacto del clima, con dos horizontes temporales: 2050 y 2100.

De acuerdo con las proyecciones disponibles y los distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias de la variabilidad climática más relevantes en la actividad de los puertos serán el aumento del nivel medio del mar, que puede llegar a 60 centímetros a final de siglo, y la mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, como tormentas y temporales. Estos fenómenos se traducirán en una mayor probabilidad de rebase del oleaje en los diques, la inundación de instalaciones y el aumento de la agitación del agua en las dársenas, con el consiguiente efecto negativo en las actividades portuarias.

En función del nivel de riesgo estimado para cada puerto, el plan propone medidas para su reducción, por ejemplo, refuerzos de las estructuras de abrigo, relocalización de actividades, dragados o implantación de sistemas de alerta temprana.

La aprobación del documento facilitará la valoración de los factores que resultan determinantes para garantizar su operatividad futura, entre ellos, la inversión para la reparación de daños causados por inundación costera, la subida de los costes de mantenimiento o la reducción de ingresos por parada operativa a causa del aumento de las precipitaciones, vientos o temperatura, entre otros.

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