La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con representantes del sector de Faape, Facope, Asoisamar, Asema, Andmupes y OPP72 para fijar una estrategia de defensa común del sector pesquero andaluz ante la decisión arbitraria adoptada por la Comisión Europea de vedar la actividad pesquera de arrastre en pesquerías del Atlántico, que afecta a Andalucía, especialmente, a la flota del Golfo de Cádiz.
En dicho encuentro, se ha decidido «de forma unánime solicitar una moratoria hasta final de año para la entrada en vigor del Acto Delegado de la Comisión europea, que prohíbe pescar a la flota de fondo en 87 zonas de aguas entre Irlanda y el Golfo de Cádiz, por ser lesivo a los intereses de nuestros pescadores, ya que va a impactar directamente sobre 126 barcos y 600 pescadores andaluces, que van a ver mermada su actividad al no poder faenar en caladeros tradicionales de nuestra costa, aunque el perjuicio irá más allá ya que implicará pérdidas a todo el sector de forma general, así como los municipios pesqueros y los sectores que viven indirectamente de la pesca».
La consejera y el sector andaluz califican esta decisión de «arbitraria e injusta, a sabiendas del daño que va a conllevar esta prohibición, que no ha contado con estudios científicos actualizados e informes socioeconómicos»
Asimismo, entre los acuerdos adoptados por unanimidad de todos, Andalucía va a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los estudios actualizados que ha presentado a la Comisión Europea para poder ejercer, también, una férrea defensa de nuestro sector. Además, «vamos a mostrar el respaldo unánime del sector y el ejecutivo andaluz tanto al resto de comunidades autónomas afectadas como al Gobierno de España en su intención de acudir al Tribunal de Justicia Europeo para interponer un recurso que consiga frenar este atropello a nuestros pescadores».
La consejera y el sector andaluz califican esta decisión de «arbitraria e injusta, a sabiendas del daño que va a conllevar esta prohibición, que no ha contado con estudios científicos actualizados e informes socioeconómicos», tal y como establece el Reglamento de Aguas Profundas de la propia Comisión Europea. Y es que, «el comisario europeo, Virginijus Sinkevicius, ha establecido la veda a la pesca de arrastre en base a informes del año 2011 a pesar de que el Gobierno de España ha facilitado unos estudios más actualizados en los que se evidencia el avance de la pesca sostenible de nuestro sector y, por tanto, la recuperación de los caladeros», ha apuntado Crespo.
De otra parte, se va a solicitar al Ministerio que «explore la viabilidad de poder anteponer la normativa española y el Reglamento de Aguas Profundas de la propia UE a este Acto Delegado de la Comisión Europea para aplicar este último entre los 400 y 800 metros de batimetría, requisito que ya establece el Reglamento». De hecho, el propio sector ha indicado en la reunión que la decisión de Sinkevicius no ha sido respaldada por los europarlamentarios españoles, franceses e irlandeses ni en el Consejo ni en el Parlamento Europeo.
La consejera de Pesca ha mostrado todo su apoyo al sector pesquero andaluz, especialmente a los afectados del Golfo de Cádiz por la aprobación del Acto Delegado. Crespo ha añadido, además, que «no se pueden llevar a cabo este tipo de acciones sin tener en cuenta el necesario equilibrio entre sostenibilidad medioambiental, económica y social», a la par que ha subrayado que «es fundamental que se escuche al sector», recordando que esta nueva norma pondría en serio peligro a más de 126 embarcaciones del Golfo de Cádiz, con el consiguiente daño económico para la zona.
Cabe recordar que el Acto Delegado entrará en vigor, si no se remedia, el próximo 9 de octubre, y afecta a embarcaciones y pescadores también de otras zonas de España, Portugal, Francia e Irlanda. La consejera de Pesca ha explicado en la reunión con el sector que llevará el próximo viernes a la reunión en Santander con sus homólogos de las comunidades autónomas afectadas, las reivindicaciones y la postura adoptada de forma unánime en Andalucía. Ésta servirá, también, para hacer frente común en defensa de los pescadores con el resto de las comunidades.
