El sector pesquero representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca) afronta con incertidumbre la rentabilidad de su actividad durante los próximos meses y por ello solicita al Gobierno mejoras en las ayudas, mayor concreción en algunas cuestiones, flexibilidad en su aplicación y máxima agilidad para ejecutar las medidas de choque anunciadas por el ministro Luis Planas, el pasado 29 de marzo, para responder a la crisis de costes de explotación generada por el conflicto bélico en Ucrania.
El sector así lo ha acordado tras celebrar ayer una Junta Directiva Extraordinaria y después de reunirse el pasado lunes con la Secretaría General de Pesca para analizar, precisamente, la ejecución de esas medidas. A este respecto, el sector, si bien agradece el esfuerzo realizado por el MAPA, considera que las medidas son insuficientes y manifiesta que esta ejecución podría ser mucho más ágil de haberse mantenido un diálogo más fluido previo entre el Ministerio y los pescadores y en paralelo a la elaboración del Real Decreto-Ley.
A juicio del sector, esta actitud hubiera servido para definir criterios técnicos más ajustados a la realidad contable de las empresas pesqueras y habría ayudado a mejorar la compensación de los costes, disparados tras la crisis del conflicto bélico.
Sobre este particular, el sector teme que una burocracia excesiva y a veces ineficaz ponga en peligro la viabilidad de numerosas empresas si en un corto espacio de tiempo no son receptoras de ellas. En este sentido, el sector manifiesta que “hoy por hoy, la flota de bajura sólo se beneficiaría de las ayudas de 0,20 euros por litro de carburante, como el resto de los ciudadanos de España, y de las ayudas directas autorizadas por la Comisión Europea, que rondan entre los 1.550 € para los barcos más pequeños y los 6.873 € para los buques más grandes que faenan en aguas españolas. Así mismo, ven de difícil aplicación las medidas del artículo 26 del FEMPA”.
Con relación a la flota de altura, está pendiente de concretar por parte del gobierno si los buques españoles que trabajan y realizan el repostaje fuera de las aguas de españolas, pero suministrado por empresas españolas, también serán beneficiarios de los 0,20€. Si no fuera así, las ayudas que recibirían serían muy escasas. A juicio del sector, esta situación exige una aclaración urgente, más aún si se tiene en cuenta que es imposible saber durante cuánto tiempo se va a mantener el entorno actual. A ello se suma la fuerte competitividad a la que se ve sometida nuestra flota de larga distancia frente a otras flotas, como las asiáticas que, sin cumplir los mismos estándares de calidad, socioeconómicos y medioambientales que se exigen en Europa, introducen sus productos para el consumo de los ciudadanos comunitarios, a lo que se añade la incógnita de las ayudas que reciben para compensar la subida del precio de los combustibles.
A este respecto, el sector vuelve a manifestar la necesidad de abordar una Política Pesquera Común (PPC) con visión de futuro. Al igual que se está abordando la dependencia energética o una política de defensa común, apunta el sector, es necesario definir un marco de actuación para la pesca capaz de prever y absorber contratiempos, como el que vivimos actualmente y, sobre todo, capaz de fortalecer los intereses del sector pesquero europeo frente a la amenaza que supone dejar en manos de terceros el abastecimiento de proteínas provenientes del mar.
Actualmente, unos 300 buques realizan su actividad fuera de España, capturando en torno al 60% de las capturas totales españolas. Así mismo, parte de esta flota se ha visto gravemente afectada puesto que exportaba a Ucrania especies como la merluza por un valor superior a 17 millones de euros.
Por otro lado, el sector ha puntualizado que resulta incomprensible y decepcionante la exclusión de las embarcaciones de las almadrabas de las ayudas directas del marco temporal, más aún teniendo en cuenta que Europa equipara buques de pesca y almadrabas para evitar discriminación en el acceso a las ayudas directas. En este sentido, manifiesta el sector, no es comprensible que la Administración española sólo contemple esta equiparación cuando las ayudas son financiadas con fondos comunitarios y considera que es necesario enmendar este punto de manera clara y sin dilación, para que las almadrabas puedan acceder a estas ayudas en igualdad con otras flotas.
En relación con la exención en el pago de las tasas portuarias, actualmente aplicado a las descargas de pesca fresca, Cepesca demanda al gobierno que aplique las exenciones a todas las tasas portuarias, tal y como ya han hecho Galicia y Andalucía, entre otras. Así mismo, es necesaria la coordinación entre la Administración central y las CCAA con el objetivo de lograr una aplicación homogénea que comprenda a todos los puertos de España y evitar así la discriminación entre flotas.
Ayudas al sector
Del paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto del incremento de los costes de la energía y las materias primas, las ayudas directas se sitúan en 18,18 millones de euros, con ayudas desde 1.550 euros para los barcos de menos de 25 GT (tonelaje bruto) hasta un máximo de 35.000 euros por empresa para los buques a partir de 2.500 GT.
En este punto, el sector solicita que la cantidad máxima de estas ayudas directas de los estados miembros para compensar el incremento de los costes de explotación contempladas en el marco temporal aprobado por la Comisión Europea (CE) se eleve hasta 65.000 euros (30.000 euros adicionales en concepto de minimis), tal y como el Comisario Sinkevicius aseguró que se podía hacer en una reunión con el sector pesquero europeo el pasado viernes 1 de abril.
Por su parte, las ayudas comunitarias para el sector pesquero por costes adicionales y con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) -artículo 26, que corresponde al artículo 34 del Real Decreto-Ley-, ya contempladas en la legislación europea y autorizadas expresamente por la Comisión Europea en respuesta a la situación de excepcionalidad, se sitúan en 30 millones. En este caso, es imprescindible que se aclaren lo antes posible algunos de los conceptos que serán elegibles y que el Gobierno sea flexible en su aplicación. En este sentido, es fundamental que la Secretaría General de Pesca envíe al sector con urgencia la nota interpretativa que se ha comprometido a realizar y que incluya los máximos conceptos posibles.
Por último, en vista de la situación actual, dramática para numerosas empresas, son muchos armadores los que están solicitando al Gobierno que se activen las ayudas al desguace, previstas en el FEMPA, con el fin de poder dejar la actividad “dignamente”.
