La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado que el Gobierno autonómico pondrá en marcha, por primera vez en Andalucía, un programa de prácticas a bordo de los barcos para jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo que quieran dedicarse a la pesca. Crespo ha detallado que esta iniciativa incluye «ayudas que, conforme a las condiciones del nuevo fondo, podrán alcanzar los 40.000 euros para cubrir el salario del trabajador en prácticas y los gastos conexos». En cuanto al período de prácticas, se establecerá un máximo de dos años de formación.
El nuevo programa de prácticas será posible gracias a que, a pesar de que las negociaciones se iniciaron con una propuesta de reducción de presupuesto, el actual Ejecutivo regional conseguido un 8% más de fondos en el próximo marco comunitario en comparación con los recursos que correspondían a Andalucía en el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. La Comunidad Autónoma andaluza contará con un total de 214,4 millones de euros para respaldar al sector pesquero y acuícola en los próximos años, sumando los recursos europeos del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura -Fempa- (152,7 millones) y la cofinanciación estatal y autonómica (61,7 millones).
En cuanto al nuevo reglamento europeo, la consejera ha aseverado que el Fempa debe «dar herramientas para afrontar los retos a los que se enfrenta la pesca» y ha remarcado que «es imprescindible flexibilizar y simplificar» los requisitos que se establecen a nivel europeo con el fin de «fijar condiciones que se puedan cumplir». Crespo ha recordado que en Andalucía, estamos «luchamos por un sector unido y con posibilidades, y trabajamos para ejecutar el 100% de los fondos» con el fin de aprovechar todos los recursos públicos disponibles y además, como ya ha logrado el Gobierno del cambio gracias al esfuerzo de la actual Dirección General de Pesca y Acuicultura, tener la posibilidad de obtener 10 millones de euros adicionales procedentes de Europa que redundan en la mejora del sector andaluz.
En su intervención, la consejera ha resaltado la capacidad del sector pesquero para fijar la población al territorio costero a través de sus 21.000 empleos directos y ha valorado las exigencias que estos profesionales se han impuesto a sí mismos en los últimos tiempos. «Grandes esfuerzos en materia de sostenibilidad que se han traducido en recortes de capturas, días de pesca y flota pesquera», ha apuntado reclamando que, ahora, los pescadores sólo piden que «estos esfuerzos se reconozcan». Carmen Crespo ha hecho hincapié en que, desde el Gobierno andaluz, se exige que no haya más recortes de días de pesca para la flota de arrastre del Mediterráneo «sin conocer los resultados de los estudios científicos», ya que estas embarcaciones ya han visto reducida su actividad en un 29% de los días de pesca. La consejera ha apuntado también que la Junta de Andalucía «aboga por estudios científicos rigurosos» que estén ajustados a la realidad actual de los caladeros y «que permitan al sector, especialmente el de arrastre, seguir faenando en nuestras costas» de forma sostenible. «Estamos ante un sector muy dependiente de Bruselas que tiene como principal reclamación que se le deje trabajar», ha recalcado.
Por otro lado, la responsable de Pesca en Andalucía ha apuntado algunas «reivindicaciones legítimas al Gobierno de España» que tiene actualmente el sector pesquero andaluz y entre las que se encuentra impulsar la renovación del acuerdo bilateral de la Unión Europea con Mauritania antes del 15 de noviembre, momento en que finaliza la prórroga vigente. Asimismo, también se solicita al Ejecutivo central la actualización del acuerdo entre España y Portugal porque «no es de recibo que cuando nuestros barcos están en paro biológico, los lusos puedan faenar en nuestras costas»; y, en cuanto al acuerdo con Marruecos, el sector andaluz pide «tranquilidad y equilibrio» ante un futuro actualmente incierto que «puede ser normalizado o tener alguna disfunción» en relación con la situación anterior al fallo del Tribunal General de la Unión Europea.
Apoyo a la pesca y la acuicultura de Andalucía
Durante su discurso, Carmen Crespo ha recordado algunas de las medidas que la actual Junta de Andalucía ha puesto en marcha para prestar ayuda a un «sector que estaba olvidado desde hace tiempo» a través de un «cambio radical en la política de pesca» en la Comunidad Autónoma andaluza. Entre otras actuaciones del Gobierno regional, la consejera ha comentado el impulso a inversiones en puertos pesqueros y en la industria de transformación de productos pesqueros, «que debemos apoyar de forma importante porque da trabajo, especialmente, a muchas mujeres del sector». Al hilo de esta cuestión, Crespo ha remarcado que la Junta «apuesta por la mujer en la pesca» como se observa, por ejemplo, en la aplicación de criterios de igualdad en más del 40% de las lineas de ayudas dirigidas a este sector; en que, actualmente, el proyecto de ley del ‘Estatuto de mujeres rurales, del mar y del sector medioambiental’ se encuentra en su «tramo final de tramitación»; y en que la Consejería está «estudiando, con el mayor cariño posible,» las 200 aportaciones recibidas en relación al II ‘Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agraria, pesquera y ambiental’.
«Hemos incrementado los días de paradas temporales con ayudas y, en la acuicultura, hemos sacado dos convocatorias de subvenciones para el sector incorporando a las empresas de acuicultura continental a los incentivos para inversiones dirigidas a mejorar sus condiciones de trabajo, seguridad y producción», ha comentado la responsable del ramo, que también se ha referido al aumento que han experimentado en esta legislatura las ayudas que respaldan a las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) de Andalucía y que, precisamente, abren hoy su plazo de solicitud hasta el próximo martes 26 de octubre. Estos incentivos pueden alcanzar hasta el 90% de los fondos que las OPP deben invertir en la elaboración y ejecución de estas planificaciones, si bien el valor global de las medidas incluidas en estos documentos no pueden superar el 12% de la facturación total de los productores (barco o actividad) que conformen las organizaciones. La actual Consejería de Pesca incrementó este porcentaje máximo en la última convocatoria desde el 4% establecido anteriormente hasta el 12% fijado ya en 2020. Para el presente año se mantiene este mismo límite porque, gracias a esta medida, la cuantía media que reciben actualmente las OPP prácticamente se ha triplicado, elevándose de 100.000 euros hasta rondar los 300.000 euros. La convocatoria 2021 de ayudas a la elaboración y aplicación de los planes de producción y comercialización de las Organizaciones de Productores Pesqueros y, en su caso, de las asociaciones que reúnen a este tipo de organismos, cuenta con un presupuesto total de 2,8 millones de euros para respaldar a entidades privadas (841.500 euros) y sin ánimo de lucro (cerca de 2 millones de euros) en el marco del Programa Operativo del FEMP 2014-2020.
Por otro lado, Carmen Crespo ha remarcado también la apuesta del Gobierno andaluz por dinamizar los Grupos de Acción Local Pesqueros (GALP) de la Comunidad Autónoma y ha expresado su deseo de que, con el próximo Fempa, estas entidades «ocupen toda la zona costera de Andalucía».
Además, la consejera ha apuntado que el Gobierno andaluz trabaja para dar más posibilidades al sector andaluz a través de la plataforma tecnológica de gestión de la pesca y la acuicultura que ya tiene activadas cuatro líneas de actuación. Concretamente, la Junta está ultimando el prototipo de portal digital para la venta minorista productos frescos; trabajando en la implantación de un sistema centralizado de trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas, para mejorar en transparencia y seguridad en la cadena alimentaria y lograr la máxima confianza del consumidor final; impulsando una nueva etiqueta que distinga a los productos pesqueros y acuícolas de Andalucía, con la finalidad de subrayar la calidad de los pescados andaluces y combatir la pesca ilegal y no declarada; y reforzando la red de colaboración, investigación y transferencia de conocimientos.
