Las administraciones implicadas en la transformación de la fachada marítima del puerto de La Coruña – Xunta de Galicia, Ayuntamiento de La Coruña, Puertos del Estado y Autoridad Portuaria – siguen avanzando en cumplimiento de los objetivos y han acordado los porcentajes de adquisición del suelo en el ámbito de Batería y Calvo Sotelo, con el 75% por parte del Consejo de La Coruña, el 20% por parte de la Xunta de Galicia y el 5% por parte de la Autoridad Portuaria. Además, se ha establecido la redacción de un convenio específico que se incorporará como anexo al protocolo general de transformación de la fachada marítima.
Será la Autoridad Portuaria la encargada de su redacción, que se abordará lo antes posible. Ese convenio será suscrito por las cuatro Administraciones implicadas en la transformación de Batería y Calvo Sotelo, además de Puertos del Estado.
Por una parte, en ese convenio se concretará el compromiso de compra de los suelos por parte de las administraciones, así como las anualidades a abonar por cada una de ellas, hasta el año 2035. Según el presidente de la Autoridad Portuaria de La Coruña, Martín Fernández Prado ha destacado que este punto es fundamental, ya que facilitará que Puertos del Estado refinancie la deuda del Puerto suavizando las cuotas hasta 2035, quedando pendiente de fijar cuáles serían las anualidades. En el documento también figurarán otros aspectos destacados, como la creación de una comisión puerto-ciudad, una fórmula que ya han utilizado todos los puertos de España en procesos similares. La comisión estaría formada también por las cuatro administraciones y sería la encargada de ir desarrollando el plan de urbanización de la zona 1, que comprende los citados muelles de Batería y Calvo Sotelo. Además, se incluirá la creación de una oficina técnica específica para el proyecto, en la que trabajarán funcionarios de cada administración.
El presidente de la Autoridad Portuaria ha añadido que el convenio también incorporará dos párrafos referidos a la urbanización, que deberán consensuarse antes de su firma. Por una parte, se explicitan los compromisos de las Administraciones según establece la Ley del suelo de Galicia, conforme debe abordarse el coste de urbanización en el mismo porcentaje que el de adquisición de los terrenos. Por otro, se explicitará la necesidad de buscar conjuntamente entre todas las administraciones una financiación alternativa a sus presupuestos, fundamentalmente fondos europeos Next Generation y los Fondos Feder correspondientes al período 2021-2027.
Para ello, ha señalado Fernández Prado que es fundamental disponer de un proyecto de urbanización lo antes posible. En este sentido, se ha mostrado partidario de no postergar el plan para Batería y Calvo Sotelo y circunscribir exclusivamente a la zona 2 (San Diego) el plan director que propone el Ayuntamiento de La Coruña. En su opinión, ambos ámbitos no tienen nada que ver ni en extensión, ni en plazos, ni en propietarios del suelo, que en el caso de San Diego incluye a Adif con un 34%. También ha indicado que la maduración y el tiempo de reflexión que va a necesitar la zona de San Diego es muy superior al que ya está prácticamente consensuado para la zona 1 de Batería y Calvo Sotelo, que además tiene una mayor urgencia en su ejecución ante la petición de fondos europeos.
