La actual situación del transporte marítimo, que ha llevado a las compañías navieras que operan en las líneas Melilla-Península a tener pérdidas permanentes por el descenso del tráfico de mercancías y pasajeros, augura un peligro inminente de suspensión de los servicios, que podría desembocar en el bloqueo marítimo de la ciudad.
«La Administración Marítima debe establecer las condiciones que garanticen la conectividad marítima de nuestra ciudad y, para ello, es imprescindible, mientras dure la crisis que padecemos, que llegue a algún tipo de acuerdo con las navieras, estableciendo las frecuencias mínimas en cada trayecto y las oportunas compensaciones económicas mientras», entienden desde la Autoridad Portuaria.
Por ello, desde hace meses, el presidente de la Autoridad Portuaria, Víctor Gamero, «viene reclamando una
solución de urgencia pues, aunque existe una previsión en el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el contrato marítimo, sus plazos de tramitación se alargarán excesivamente en el tiempo, en clara colisión con la apremiante situación en la que nos encontramos. Se trata de facilitar y atender a las diferentes situaciones y peculiaridades del tráfico marítimo provocado por la pandemia, y a nuestra singular excepcionalidad geográfica que limita nuestras comunicaciones a las vías aéreas o marítimas», sostienen desde la entidad melillense.
«La importancia del transporte marítimo en las comunicaciones, abastecimiento y en la economía de toda la ciudad reclama una hoja de ruta clara y contundente a corto y medio plazo. Por un lado, la solución de urgencia que garantice nuestras comunicaciones de forma inmediata y, por otro, la convocatoria de un nuevo concurso marítimo o cualesquiera otras fórmulas que lo aseguren en el futuro», continúa la nota.
Desde la Autoridad Portuaria recuerdan que «nuestro puerto y el comercio local viene soportando dos duras
adversidades; el “cierre de frontera” iniciado en 2017 y ahora la pandemia, que han ocasionado cierres empresariales en el ámbito portuario y graves perjuicios en la Autoridad Portuaria que cerrará el año en torno a los 5 ó 6 millones de euros de pérdidas, que se prevé será superior al volumen de negocio (a 30 de junio la perdida era del 125% sobre la facturación).
