El plan de reactivación impulsado por la Junta hará de la COVID-19 «una oportunidad para crecer y modernizar el sector pesquero»

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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, se ha mostrado convencida de «hacer de la COVID-19 una oportunidad para crecer y modernizar el sector pesquero». Durante la comisión parlamentaria que ha tenido lugar este miércoles, la titular del ramo ha explicado con detalle el plan de reactivación, que supondrá una inversión de 85 millones de euros, y en el que figuran un total de 21 medidas urgentes que se van a traducir en subvenciones, incentivos y apoyo al sector pesquero bajo la consigna de agilizar trámites y convocatorias para recuperar y consolidar los 20.000 empleos que generaba la actividad antes de la pandemia.

El sector pesquero andaluz, en el que se integran los barcos de pesca, las piscifactorías y las industrias de transformación, está sufriendo un notable impacto por la crisis sanitaria, que se ha traducido en la reducción de la actividad en el mar y en las lonjas, en la disminución de ventas por parte de las empresas que se dedican a la acuicultura y en una gran cantidad de trabajadores afectados por ERTEs. Crespo ha detallado que el cierre del canal Horeca redujo a la mitad una actividad que es el sustento de miles de familias de una flota de 800 barcos y de 25 lonjas pesqueras. Del mismo modo, afectó a la venta al por menor de productos frescos, de productos congelados y a la acuicultura e industria de transformación, al marisqueo, especialmente la coquina por la crisis y el alto nivel de toxinas, y las almadrabas por los efectos sobre el comercio internacional. «La recuperación está siendo gradual y ahora mismo hay 600 barcos trabajando con normalidad», ha indicado Crespo.

La consejera ha puesto en valor las iniciativas impulsadas por la Junta de Andalucía, que ha «acompañado siempre al sector pesquero, suministrando cerca de 54.000 EPIs a las lonjas, resolviendo con la Consejería de Empleo los ERTEs, barco a barco, pues el Gobierno de España no había incluido en el Real Decreto la pesca de bajura, y ofreciendo asesoramiento con las normas sanitarias durante los primeros días del estado de alarma. De forma paralela, Crespo ha explicado que se han adaptado los periodos de veda para facilitarle al máximo el trabajo al sector. Por ejemplo, a los mariscadores con la coquina, pero también para el pulpo del Golfo de Cádiz. «Y además, nuestros laboratorios de Agapa han hecho un esfuerzo para poder analizar las muestras con más agilidad y dar más posibilidades al sector», ha añadido.

Por otra parte, la consejería continúa trabajando en el desarrollo del proyecto Ecomares, un reflejo de la implicación de los pescadores en la protección y limpieza del mar.

MÁS AGILIDAD, MENOS TRÁMITES. Ya durante los tres meses más intensos de la pandemia se han convocado ayudas para la paralización temporal del palangre en superficie y de la flota de artes menores en el Mediterráneo, y del cerco del Golfo de Cádiz; ayudas al fomento de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura; las relativas al Primer Plan de Gestión de la Chirla del Golfo de Cádiz; incentivos para el desarrollo sostenible de la pesca y a la concertación con las organizaciones representativas del sector. «Y se ha permitido la entrega de documentación para acortar tiempos y poder tramitar y pagar antes», ha añadido.

Crespo ha recordado la aprobación de medidas para mejorar y fortalecer las ayudas del FEMP destinadas a los Grupos de Acción Local del sector de la Pesca (GALP), «para lo que hemos reactivado 18,3 M€, haciendo más ágil su funcionamiento y simplificando los procedimientos de tramitación y pago de las ayudas; aumentando las inversiones en proyectos viables e innovadores con creación de empleo en el sector; y facilitando el acceso a la financiación por parte de las asociaciones de mujeres y los jóvenes pescadores». Del mismo modo, se han incrementado los porcentajes de ayudas a determinados proyectos que lleven a cabo entidades sin ánimo de lucro, a entidades representativas del sector pesquero, así como a determinados proyectos de los GALP de interés colectivo.

La Consejería ha reprogramado los fondos europeos para poder ofrecer el máximo apoyo al sector, ha ampliado la vigencia de 20.000 licencias de pesca recreativas que caducaban durante el periodo de alarma y ha exonerado de las tasas portuarias por el Covid con la colaboración de la Consejería de Fomento. «Trabajamos junto a la industria de transformación, que se va a beneficiar de ayudas para elevar la calidad de la producción, y también con la acuicultura, con ayudas para inversiones en nuevas instalaciones y modernización de las existentes, que permita compensar pérdidas por el Covid, para lo que esperamos la autorización del Ministerio y Bruselas», ha añadido la consejera, partidaria de «fomentar la pesca-turismo» para diversificar las oportunidades del sector y destacando el «impulso definitivo a la venta on-line de los productos pesqueros».

La Junta ha reclamado al Gobierno de España apoyo y ayuda al sector, a través del aumento de las cuotas a la sardina y el boquerón, ayudas extraordinarias a las paradas temporales, la exoneración de las tasas portuarias al sector en los puertos de titularidad estatal, igual que ha hecho la Junta en sus puertos, ayudas de acompañamiento a la flota afectada por el alga asiática o la eliminación de las trabas a las empresas de acuicultura en todas las costas andaluzas.

CUMPLIENDO CON EL FEMP. Crespo ha subrayado que «Andalucía, por vez primera en la historia, ha cumplido con la regla N+3 con los fondos FEMP», lo que permitirá salir en una mejor posición que el resto de comunidades en el grupo de trabajo creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El grado de ejecución del anterior Gobierno apenas llegó al 9%

La consejera ha concluido realizando una petición de apoyo a todos los grupos parlamentarios para aunar fuerzas en defensa de la flota pesquera andaluza de arrastre del Mediterráneo, perjudicado por el plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales. «Consideramos que esta normativa se tiene que adaptar a la realidad del sector y que sea posible conjugar la conservación que persigue la UE y la rentabilidad de la actividad. Por ello, le hemos pedido sensibilidad al ministerio», ha señalado Crespo, que ha recordado que se trata de una flota que ya ha realizado un esfuerzo mayor al del resto de comunidades y no puede verse ahora aún más perjudicada.

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