La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García y los subdelegados del Gobierno en las provincias costeras de Almería, Granada, Málaga y Cádiz, han mantenido una reunión con el director general de Inclusión y Atención Humanitaria, Francisco Dorado y el general de división, Juan Luis Pérez Martínez -responsable de la coordinación de actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en el Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes, para activar la implantación en cada provincia del ‘Protocolo de actuación ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular’, elaborado por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social.
El convenio contempla la cooperación con los Ayuntamientos para facilitar la utilización de recursos habitacionales en municipios para la acogida de inmigrantes
Tas la reunión mantenida el pasado 10 de junio con representantes de la Junta de Andalucía, en la que se acordó un mecanismo de coordinación que incluye un comité técnico de intercambio de información entre la Autoridad Sanitaria andaluza y el Ministerio, se ha puesto de manifiesto la necesidad de activar la aplicación del protocolo en cada provincia, especialmente la preparación del dispositivo sanitario competencia del Servicio Andaluz de Salud para la realización de test en cada puerto de llegada, así como instar a los municipios a adherirse al Convenio entre la Secretaría de Estado de Migraciones y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de acciones conjuntas en materia de acogida de inmigrantes.
Dicho convenio contempla la cooperación con los Ayuntamientos para facilitar la utilización de recursos habitacionales en municipios para la acogida de inmigrantes, ya sea de larga duración o bien para afrontar situaciones de emergencia.
La delegada del Gobierno ha destacado “la importancia de anticiparnos y prever la organización del dispositivo sanitario, así como la disponibilidad de medios y espacios para dar respuesta a repuntes puntuales de llegadas de migrantes a las costas andaluzas”. “Debemos estar preparados una vez que se levante el estado de alarma y los países de origen y destino comiencen a abrir sus fronteras”, y en este sentido, el protocolo de atención sanitaria a las personas que acceden de manera irregular a las costas andaluzas, ha señalado Sandra García, “requiere de la necesidad de reforzar la cooperación con la administración autonómica para que, durante la atención humanitaria y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, se eviten posibles casos de coronavirus”.
Entre las medidas diseñadas se contempla un operativo que incluye el aislamiento, durante 14 días, de todas las personas que entren en nuestro país desde el extranjero, coordinado con las autoridades sanitarias autonómicas para hacer un seguimiento de los casos. En lo que respecta al período y lugar de cumplimiento de la correspondiente cuarentena, la Orden de Sanidad SND/403/2020, de 11 mayo, determina que estas personas deben “permanecer en su domicilio o alojamiento,” que en el caso de las personas llegadas a costa, no es otro que su recurso de acogida.
El Director General de Atención Humanitaria, Francisco Dorado, ha recordado que los traslados de personas migrantes a recursos de acogida situados en localidades diferentes a la de llegada tienen plena cobertura jurídica en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. Dicha norma establece que las operaciones de traslado de personas en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria son consideradas actividad esencial.
El protocolo de atención diseñado por la Secretaría de Estado de Migraciones concreta la aplicación práctica de la normativa específica en la materia, y garantiza el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias previstas en caso de que dichos traslados tengan lugar. Dicho protocolo, ya operativo, se sustenta en cinco líneas de actuación que van desde la distancia social, aislamiento y lavado de manos; utilización de Equipos de Protección Personal Individual; realización de pruebas diagnósticas cuando sea necesario; identificación de casos positivos y trazabilidad y cuarentena de contactos; y, por último, formación del personal.
