El Gobierno autoriza la licitación del servicio aéreo con helicópteros de Salvamento Marítimo

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El Consejo de Ministros ha aprobado la licitación para el contrato de servicio aéreo de salvamento marítimo, valorado en 305 millones de euros, excluyendo IVA. Este contrato, con un periodo de ejecución de cinco años tras su formalización, tiene como objetivo garantizar un servicio de helicópteros rápido y eficiente, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es la entidad encargada de la prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, así como de la gestión del tráfico marítimo y la prevención de la contaminación marina. Para cumplir con estas responsabilidades, es esencial contar con un amplio conjunto de recursos para atender emergencias a lo largo de los 7.880 kilómetros de costa española y en el área de responsabilidad SAR de un millón y medio de kilómetros cuadrados asignada a España.

El proceso de contratación se ha dividido en dos lotes, en línea con la Ley de Contratos del Sector Público, para permitir una mayor participación de empresas en la licitación pública.

Por un lado se incluye la operación de 9 helicópteros de tipo mediano desde 7 bases ubicadas en El Musel (Gijón), Santander, Reus, Palma de Mallorca, Valencia, Almería y Jerez. Cada unidad estará compuesta por un helicóptero mediano, una tripulación de 4 personas y material SAR.

Y el segundo lote abarca la operación de 5 helicópteros, de tamaño mediano y grande, desde 4 bases situadas en A Coruña, Santiago de Compostela, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Cada unidad contará con un helicóptero mediano o grande, una tripulación de 4 o 5 personas, dependiendo del tipo de helicóptero, y material SAR.

Los contratos incluirán diversos servicios como operación, mantenimiento, reparación de aeronaves, suministro de combustible, alquiler de aeronaves y de instalaciones complementarias. No se establece un límite en el número de lotes que un licitador puede ofertar o que puedan ser adjudicados a cada uno. Además, se permite la presentación de ofertas integradoras, dada la posibilidad de sinergias en la provisión conjunta de los distintos lotes.

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