El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha dado luz verde a los pliegos de bases y cláusulas que regirán el concurso público para la gestión de puestos de amarre destinados a embarcaciones de alquiler (chárter) en el muelle de la Lonja del puerto de Palma. Estos pliegos incluyen importantes medidas ambientales de obligatorio cumplimiento.
El objetivo de este concurso es seleccionar la solución más ventajosa para otorgar una concesión administrativa que permita la gestión y explotación de los puestos de amarre destinados a embarcaciones de alquiler. La superficie total de ocupación será de 18.288,60 metros cuadrados, de los cuales 16.721,9 metros cuadrados corresponden al espejo de agua y 1.566,6 metros cuadrados a tierra firme. Esta concesión incluirá dos pantalanes fijos, los trenes de fondeo, los elementos de amarre (bolardos) y las torretas de servicio existentes.
Los pliegos contemplan importantes mejoras ambientales que los licitadores deberán cumplir, como la retirada selectiva de residuos mediante la colocación de contenedores adecuados (punto limpio). Estos contenedores deberán ser monitorizados y proporcionar datos sobre el peso de los residuos a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API). Con esta información, el titular de la concesión deberá entregar a la APB informes semestrales sobre el cumplimiento de la retirada de los distintos tipos de residuos.
En cuanto al proyecto básico que deben presentar los licitadores, este deberá ser diseñado para minimizar los posibles efectos ambientales negativos desde su concepción. Esto incluye la selección de materiales, la optimización de la eficiencia energética y de recursos, la gestión de residuos, el control de emisiones y la gestión sostenible. En caso de que se propongan intervenciones que requieran obras de construcción o demolición, deberá obtenerse una certificación sostenible que abarque todo el ciclo de la obra y se utilizarán materiales de bajo impacto. Además, se deberá reciclar al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición.
Por otro lado, se deberá proponer la colocación de materiales que fomenten el desarrollo de comunidades marinas y mejoren la biodiversidad en varias zonas, como placas de regeneración de paramentos para favorecer el crecimiento de flora y fauna en el área de explotación.
Se evaluará también la propuesta de instalación de sistemas que reduzcan el consumo de agua, como difusores-obturadores automáticos en las mangueras de limpieza de embarcaciones, así como sistemas de captación, almacenamiento y/o generación de agua dulce (como mini-desaladoras o acumuladores de agua de lluvia) que permitan reducir el consumo de agua.
Será obligatorio realizar un estudio de iluminación de las instalaciones, con propuestas de intervención si fuera necesario, para garantizar una iluminación adecuada en todas las áreas, utilizando tecnologías que optimicen el consumo energético.
Cuando sea posible, se instalarán paneles solares en las pérgolas de los aparcamientos para generar energía renovable destinada al consumo de la concesión. Además, se garantizará un número suficiente de puntos de conexión para embarcaciones eléctricas.
Estas instalaciones estarán exclusivamente destinadas a las embarcaciones españolas de la lista 6ª, según se define en el Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo, así como a las embarcaciones extranjeras registradas como «yate comercial». En cualquier caso, el servicio no estará disponible para otras embarcaciones de diferente registro.
La duración máxima de la concesión será de diez años, en función de las necesidades de inversión. La tasa anual de ocupación ascenderá a 269.339,53 euros, mientras que la tasa de actividad, de acuerdo con los artículos 187 y 188 de la Ley de Puertos del Estado, será del 4% del volumen de negocio.
