La Autoridad Portuaria de Ceuta (APC) ha adjudicado al gabinete de Jorge Sevilla Ortega, la asistencia jurídica del servicio de Policía Portuaria consistente en el asesoramiento y en la representación y defensa en juicio de la institución, al corresponder a la Abogacía del Estado en los términos establecidos en el R.D. 997/2003, en la Ley 52/97 sobre Asistencia jurídica al Estado e Instituciones Públicas y en el Convenio suscrito con la Secretaría del Ministerio de Justicia el 31 diciembre 2003.
En el ejercicio de sus funciones, el personal de la Autoridad Portuaria destinado en el Servicio de vigilancia, sufre un acumulo cada vez mayor de cuestiones jurídicas que, carentes inicialmente de trascendencia, pueden terminar en procedimientos judiciales posteriores. Si terminan en juicio con algún miembro del colectivo compareciendo como inculpado, la representación y defensa puede llevarla a cabo la Abogacía del Estado que debe, no obstante, recabar de su superioridad en cada caso la habilitación correspondiente para la atención del empleado.
Cuando el miembro del colectivo afectado es llamado a juicio en calidad distinta de procesado, se siente desprotegido aun cuando realmente no lo esté. De acuerdo con el art. 17.1 párrafo segundo del Real Decreto 997/2003, así como la cláusula segunda del Convenio suscrito, prevé la posibilidad de que la Autoridad Portuaria celebre conciertos con profesionales colegiados distintos de los citados. Es por ello, por lo que la APC ha considerado oportuno, que para la serenidad y seguridad jurídica de un colectivo tan amplio como el Servicio de Vigilancia, se contrate la siguiente asistencia con persona física o jurídica habilitada al efecto.
La relación contractual con esta Autoridad Portuaria de Ceuta no conllevará ninguna relación jurídico-laboral con la misma durante el periodo de vigencia del contrato que será de 48 meses. El importe de la adjudicación de este servicio asciende a 19.711 euros.
