La AGI expone a la Junta sus necesidades en el ámbito laboral y formativo para mejorar su competitividad

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La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha mantenido un encuentro con la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI) en el que el colectivo ha destacado su compromiso con el empleo como prioridad integrada en la estrategia de sus empresas y ha trasladado sus demandas en el ámbito laboral y formativo para mejorar su competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

Durante la reunión, celebrada en la sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, se han analizado oportunidades de impulso y consolidación de la gran industria en la Comarca y la AGI ha informado de las demandas del sector sobre necesidades formativas a la consejera, que también ha analizado algunos aspectos de la Reforma Laboral.

El presidente de honor de la AGI, Antonio Moreno, ha subrayado que “el capital humano es nuestro verdadero valor añadido. Los datos prueban la apuesta por mantener los niveles de empleo en unas plantillas con un alto grado de cualificación. Nuestras empresas son conscientes de que el futuro pasa por inversiones a largo plazo que garanticen su firme vocación de permanencia. En esta labor contamos con un gran talento y altamente cualificado por el que apostamos y que nos permite ser competitivos. El compromiso con las plantillas es evidente: apostamos por el empleo de calidad, superando el 97% los contratos indefinidos en nuestras empresas”.

En esta línea, Moreno ha incidido en la importancia que tiene para el colectivo la formación: “Dentro del compromiso por facilitar una formación continua a sus trabajadores, la mayoría de las asociadas dispone de programas que fomentan el desarrollo de la carrera profesional de los empleados. Además, en el último ejercicio con datos disponibles, en 2020, las compañías llevaron a cabo casi 14.500 cursos, dejando patente el importante esfuerzo para complementar y actualizar la formación con cursos de distinta temática: prevención de riesgos laborales, protección ambiental, seguridad en operaciones, idiomas, etc. En el ámbito de la formación también hemos dejado claro en los últimos años que la Formación Profesional y Dual están integradas en el ámbito empresarial, si bien tenemos cierta preocupación por la necesidad de garantizar a los jóvenes de la Comarca posibilidades formativas en el entorno industrial de cara a su incorporación a nuestros equipos”.

Ha sido precisamente en este aspecto de la formación profesional en el que más ha incidido la consejera Rocío Blanco durante su reunión con AGI, pues su departamento ha diseñado un procedimiento de detección de necesidades formativas, que permite programar FP para el Empleo ajustada a las demandas reales de las empresas en cada sector productivo andaluz. La consejera de Empleo también ha contestado, a petición de los empresarios, sobre materias relacionadas con la nueva reforma laboral, explicando algunas de las novedades que más afectan a la contratación en el sector industrial.

En esta jornada de trabajo, en la que también han participado el secretario general de Ordenación de la Formación, Javier Loscertales; el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Conocimiento y Universidades en Cádiz, Alberto Cremades; la subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares; la secretaria general de la AGI, Pilar Cañete; y los directores de las empresas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar se ha vuelto a poner de manifiesto el papel de la industria como motor sólido y estable de la economía regional, sumando más de 9.000 trabajadores directos las empresas asociadas y auxiliares del colectivo.

También se ha destacado el firme compromiso de las quince entidades que integran AGI por conseguir un entorno seguro en el ámbito laboral, que se refleja en las cifras de inversión y gasto en esta materia. A lo largo de 2020 (últimos datos publicados) se destinaron al capítulo de seguridad y salud laboral más de 31,7 millones de euros, lo que refleja un incremento del 14% respecto al año anterior, y sitúa la cifra en 129,5 millones de euros en los últimos cinco años.

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