Ecologistas de Greenpeace se hna sumado al proceso de participación pública abierto a principios de diciembre por el Ministerio para la Transición Ecológica para presentar alegaciones a la modificación del Reglamento General de Costas. La organización considera que esta modificación es necesaria, ya que, tal y como denunció, la reforma de 2013 de la Ley de Costas suponía un “desprecio” ante las consecuencias del cambio climático y la subida del nivel del mar en el litoral, además de grandes recortes a la protección de la costa.
La Ley de Costas fue modificada en 2013 y, según denunció la organización ecologista en su día, supuso una amnistía generalizada a muchas de las ilegalidades cometidas en el litoral y un retroceso en la salvaguarda del medio marino al anteponer los intereses urbanísticos a los ambientales. Ahora, con esta modificación del Reglamento, se elimina la posibilidad de prorrogar más allá de los 75 años el permiso de algunas construcciones, como ocurrió con la fábrica de ENCE en la ría de Pontevedra en 2016 [2].
Por otro lado, esta modificación tiene en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la Sentencia 233/2015, del 5 de noviembre, sobre la Ley 2/2013 y que destaca la conexión entre la naturaleza y el dominio público marítimo terrestre. Algo obvio, pero que no estaba contemplado en el Reglamento de Costas y que, según se pronunció el Constitucional, “no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de armonizar la ‘utilización racional’ de esos recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de la vida”.
