Las organizaciones pesqueras de las cinco comunidades autónomas del Mediterráneo, incluyendo cofradías, cooperativas y asociaciones, han solicitado una reunión urgente con la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dada la incertidumbre de la flota de arrastre que faena en estas aguas ante el próximo Consejo de ministros de Pesca de la UE que se celebrará los próximos 13 y 14 diciembre y en el que se definirán las medidas de gestión que habrá de asumir esta flota durante 2022.
El objeto de la reunión es conocer las intenciones de la Comisión Europea ante la posibilidad de una reducción adicional de los días de pesca. Igualmente, el sector insistirá en mostrar el impacto devastador de la introducción, el próximo diciembre, de nuevas reducciones y medidas técnicas sobre la sostenibilidad económico y social de la flota del Mediterráneo, tal como se transmitió el pasado septiembre a la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos de la CE, Charlina Vitcheva y al comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, durante sus visitas el pasado septiembre a Almería y Alicante, respectivamente.
Con este mismo objetivo, el sector pesquero va a solicitar reuniones con los consejeros de Pesca de las CCAA del Mediterráneo -Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares-, así como con la nueva secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Ana María Romero.
Cabe recordar que el Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020, ya ha supuesto un gran esfuerzo para el sector, incluida la reducción de más 20% de los días de pesca en apenas dos años (a los que hay que sumar los 13.810 días que se dejaron de pescar en 2020 por el COVID), además de paralizaciones temporales de la flota de arrastre de dos meses de duración y vedas espacio temporales para la protección de juveniles. En este sentido, el sector subraya que en ningún caso sería justa una reducción adicional de los días de pesca hasta que no se analicen los resultados de los estudios científicos que miden el impacto que han tenido sobre los stocks pesqueros las medidas en marcha desde 2020 y que no estarán disponibles hasta el próximo año.
Además, y como primeros interesados en revertir la situación de los stocks pesqueros en el Mediterráneo, el sector está desarrollando distintos proyectos dentro de la actividad de pesca directa, tales como el uso de puertas voladoras hidráulicas para minimizar el impacto del arrastre en el fondo marino o la utilización de nuevos tipos de mallas experimentales más selectivas con las especies. A ellos se suman diversos proyectos de I+D+i, de conservación marina y acciones de divulgación social.
Posible nuevo paro en defensa del sector pesquero
Los representantes de las cinco Comunidades Autónomas con flotas pesqueras que faenan en el Mediterráneo se desplazarán a Bruselas para seguir in situ el Consejo de diciembre.
Por otra parte, como muestra de la preocupación existente y en defensa del sector pesquero y toda su cadena de valor, las organizaciones pesqueras que operan en el Mediterráneo analizan realizar un nuevo paro de la flota de arrastre coincidiendo con la celebración del Consejo. La decisión se tomará antes de que finalice este mes tras llevarse a cabo las consultas correspondientes. Cabe recordar que la flota ya paró el pasado junio, obteniendo un seguimiento total (arrastre, cerco y artes menores).
Según las organizaciones pesqueras, “no nos vamos a cansar de insistir en el carácter esencial de la actividad pesquera en el desarrollo socioeconómico de las poblaciones y ciudades que jalonan los más de 1.600 kilómetros de la costa mediterránea”. “Como ya advertimos al comisario y a la directora general de la DG Mare de la Comisión Europea”, añaden, “el plan de gestión de demersales de la Unión Europea está acabando poco a poco con la flota mediterránea debido a las restricciones de días de trabajo y zonas de pesca y, de no llevarse a cabo su rediseño, conducirá a la extinción de la actividad de cerca de 600 buques españoles y más de 17.000 puestos de trabajo, incluyendo empleos directos e indirectos”.
