Greenpeace reclama a los líderes mundiales acciones valientes para la protección de los océanos

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Activistas de Greenpeace han circulado en bicicleta con remolques-pancarta, acompañando a los coches oficiales de los representantes políticos a su llegada al Museo Arqueológico Nacional, donde se han citaado para conmemorar la firma del Protocolo de Madrid el 4 de octubre de 1991, hito histórico en la protección de la Antártida. En las pancartas, los representantes políticos podían leer en castellano y en inglés: “Dejad las excusas y salvad los océanos ya” o “¡Necesitamos nuestros océanos y nuestros océanos os necesitan, actuad ya!” junto a imágenes de la Antártida y su biodiversidad.

Entre los asistentes al encuentro se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y ministros internacionales junto a científicos y expertos polares.

Greenpeace insta a los gobiernos asistentes a este evento a proteger totalmente al menos el 30% del océano para 2030, y comprometerse a destinar recursos diplomáticos, al más alto nivel, para finalizar las negociaciones para un Tratado Global de los Océanos sólido en la próxima conferencia de la ONU, prevista en marzo de 2022.

Para Greenpeace, el Tratado Global de los Océanos debe:

  • Instaurar un mecanismo global para el establecimiento de una red de santuarios oceánicos bien gestionados en los océanos globales, permitiendo así a la comunidad internacional cumplir el objetivo “30×30” de acuerdo con las recomendaciones científicas y los crecientes compromisos políticos.
  • Disponer, como Constitución de los Océanos similar a los Acuerdos del Clima, mecanismos efectivos de toma de decisiones que impidan que algunos países bloqueen o retrasen decisiones, como ha pasado con la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Ártico o la Antártida.
  • Regular actividades como la pesca o la extracción de minerales, para gestionar las múltiples presiones a la que se enfrentan las aguas internacionales.

España, en su papel dentro de la UE, debe seguir liderando la protección íntegra de las aguas internacionales, exigiendo la regulación total de las actividades más perjudiciales, como la pesca industrial de alta mar o la minería submarina.

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