Tras los movimientos de las Administraciones regional y estatal de los últimos días y las propuestas realizadas, Greenpeace considera positivo el encuentro que se ha mantenido entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que se trabaje de forma conjunta para buscar soluciones al problema medioambiental que padece el Mar menor.
La ONG, no obstante, reprueba que ese acercamiento no se hiciera ya hace un lustro, cuando se dio el primer episodio de contaminación en 2016, ya que tomando decisiones antes no se hubiera llegado a la situación actual, que se podía haber evitado.
Respecto a las posibles soluciones, Julio Barea, doctor en Hidrogeología y responsable de la campaña de agua de Greenpeace , considera «un error no seguir el dictamen del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, de la comunidad autónoma, y del Estudio de Impacto Ambiental Vertido Cero, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica». «Las pautas científicas para salvar la laguna ya están sobre la mesa y pondrían freno al colapso y esperemos que las decisiones no vayan en la línea de salvaguardar los intereses del lobby del agua”, añade.
Greenpeace ha lanzado esta misma semana un informe que señala el trasvase Tajo-Segura como el origen de la muerte de la laguna, dejando conclusiones claras, como que el exceso de agua, generado principalmente por el aporte de agua a través del trasvase Tajo-Segura, ha traído consigo un desarrollo exponencial de la agricultura de regadío intensiva e industrial, basada en agrotóxicos, y su consiguiente contaminación de las aguas, que ha provocado la muerte de la mayor laguna salada de Europa.
La organización ecologista se sumaba en 2020, junto a Ecologistas en Acción y ANSE, a la investigación judicial del llamado “Caso Topillo”, queinvestiga la degradación del Mar Menor por los posibles vertidos agrotóxicos a la laguna. Un caso que nacía en 2017 por la denuncia del por entonces fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo. En la causa que investiga el Juzgado nº 2 de Instrucción de Murcia, se investiga como posibles responsables de estos hechos a 80 empresas agrícolas, autoridades políticas y funcionarios, que podrían haber incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la persecución del delito ambiental.
