Vox quiere que se obligue a Gibraltar a cumplir con las normas comunitarias que prohiben el repostaje de combustible de buques en alta mar en zonas protegidas y, si no lo cumple, que se apliquen las sanciones previstas, de entre 200.000 y dos millones de euros.
Así lo propone en una proposición no de ley registrada en el Congreso, en la que recuerda dos episodios recientes en los que el ‘bunkering’ provocó el vertido de sustancias contaminantes al mar o situaciones peligrosas.
En una de ellas, incluso, asegura que dos embarcaciones de la Royal Navy «hostigaron» a un barco de Salvamento Marítimo cuando trataba de aproximarse al buque que esta sufriendo un vertido de combustible con el objetivo de frenar la contaminación de aguas de aguas de la bahía de Algeciras.
En este sentido, denuncia que Gibraltar está considerado como «la capital del bunkering del Mediterráneo» y ha sacado pecho de haber llevado a cabo la transferencia de combustible entre buques de mayor volumen hecha en Europa hasta la fecha.
Sin embargo, recuerda que la zona orienta del Estrecho de Gibraltar está declarada Zona de Especial Conservación e incluida en la lista comunitaria de lugares protegidos por la normativa de la Unión Europea para la conservación de la fauna y flora silvestres de la zona; lo que prohibe «expresamente» las prácticas de ‘bunkering’ en sus aguas.
«Queda absolutamente patente que todas estas actividades de transferencia de combustible entre buques que se están llevando a cabo en aguas jurisdiccionales españolas por el Reino Unido y que están consideradas como lugares de importancia comunitaria (LIC) estarían prohibidas por España y dicha prohibición ratificada por la Unión Europea, así como sancionadas con severidad según lo previsto por el propio ordenamiento jurídico español», sostiene Vox.
AGUAS ESPAÑOLAS. El partido liderado por Santiago Abascal recuerda, además, la situación geopolítica «particular» de Gibraltar, un «vestigio colonial destruye la unidad nacional y la integridad territorial de España». Y subraya que las aguas territoriales, excepto las del interior del puerto, son españolas.
Por ello, denuncia que Reino Unido, además de estar vulnerando las normas sobre la realización de prácticas de ‘bunkering’ en una zona protegida, vulnera también la soberanía de España sobre sus propias aguas jurisdiccionales.
Así, quiere recabar el apoyo del Congreso para pedir al Gobierno que promueva en la Unión Europea todas las medidas necesarias para asegurar que Reino Unido respete todas las zonas de especiales de conservación y se sanciones las prácticas de ‘bunkering’ realizadas en el Estrecho Oriental.
Pero además, exige a Reino Unido que «cese del hostigamiento a barcos de Salvamento Marítimo que operen sobre aguas jurisdiccionales españolas y, en concreto, a aquellos destinados a proteger las zonas especiales de conservación declaradas así por España».
