El consejo de guerra abierto tras el hundimiento del submarino argentino ARA San Juan, en el que murieron 44 militares, ha dictado este lunes duras penas que incluyen la destitución del entonces jefe de la base de submarinos de Mar del Plata, el capitán Claudio Villamide.
Villamide es responsable de una falta disciplinaria gravísima prevista en el Artículo 13 de la ley 26.394, que sanciona a quien fuera negligente «en la falta de cuidado o descuido de tropa y equipamiento». En concreto ha sido destituido por «no haber recomendado expresamente al comandante del ‘San Juan’ permanecer en superficie por un tiempo limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una comunicación segura de regreso a puerto».
Igualmente se le considera responsable de no haber convocado de forma urgente a su estado mayor ante la emergencia. Esta destitución es una medida sin precedentes en la aplicación de las nuevas leyes de la justicia militar modificadas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
El abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, ha expresado su rechazo a las sanciones y ha anunciado que apelará ante la justicia civil porque no puede ser destituido con el argumento de su procesamiento porque «no está condenado». La destitución implica la pérdida del grado militar y sus derechos salariales, informa el diario ‘Clarín’.
Vigliero ha destacado además que durante el juicio «se comprobó que lo más seguro para el submarino era permanecer en inmersión, decisión que tomó el comandante del submarino. El diseño de la nave indica que es más seguro navegar en inmersión que en la superficie en medio de una tormenta».
Además, el consejo de guerra ha dictado arrestos rigurosos de 45 días contra el entonces comandante de la Armada, el almirante Marcelo Srur por «haber informado en forma incompleta» sobre la situación del submarino al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Igualmente hay 45 días de arresto para el antiguo jefe de la base de puerto Belgrano, el contraalmirante Luis López Mazzeo, por no cumplir con la orden de no ausentarse de su puesto en Bahía Blanca, pese a «estar en conocimiento de la avería».
Al exjefe de operaciones de esa base, el capitán de fragata, Miguel Ángel Correa, le corresponden 30 días de arresto, al igual que a otro oficial, Héctor Alonso. Los otros imputados han sido absueltos.
El último contacto con el submarino, que comandaba el capitán de navío Pedro Fernández, se produjo el 15 de noviembre de 2017, cuando la nave informó de que realizaría una inmersión para que descansara la tripulación tras el esfuerzo de navegar en superficie en medio de una tormenta.
