Las organizaciones integrantes de la Plataforma por el Ferrocarril del Campo de Gibraltar han demandado al conjunto de actores institucionales, políticos, sociales y económicos que en el marco de sus competencias realicen cuantas actuaciones estén en su mano para dar una respuesta satisfactoria a las demandas contempladas en la resolución adoptada en su última reunión.
La crisis provocada por la pandemia ha castigado las economías de todo el mundo, pero nuestro país ha resultado especialmente perjudicado. Como ya sucediera en la crisis anterior, la actual ha vuelto a poner en evidencia que los sectores productivos que nutren de manera más significativa nuestro PIB son frágiles, de manera que la diversificación productiva siempre pendiente, no admite más demora en un contexto de incertidumbre presente y lamentablemente futura.
La Algeciras-Bobadilla, es la obra pública de infraestructuras del transporte pendiente en nuestro país con mayor tasa de retorno
La electrificación de la sección que comparten los corredores Atlántico y Mediterráneo, Algeciras-Bobadilla, es la obra pública de infraestructuras del transporte pendiente en nuestro país con mayor tasa de retorno. Es de hecho una obra de Estado incomprensiblemente pendiente, a pesar de la unanimidad, al menos formal, de todos los actores relevantes en términos sociales, económicos y políticos.
Invocar su carácter estratégico puede resultar reiterativo, pero seguir aplazando la puesta en carga de dos corredores básicos de la Unión Europea, atorados en este cuello de botella que condiciona la generación de empleo y riqueza no es admisible.
La referida electrificación y adaptación a los estándares europeos de la conexión ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla, y la continuidad de su itinerario hasta Córdoba, Jaén y Madrid está sobre la Mesa como un mandato europeo desde hace más de siete años, y desde hace más de un siglo la conexión de Algeciras con Francia por tren. A las razones de sobra conocidas que avalan el proyecto se suman con fuerza de un tiempo a esta parte la necesidad imperiosa de reducir el tráfico pesado por sus externalidades negativas en términos medioambientales, ayudar a las empresas ya instaladas al calor de la pujanza productiva y portuaria a consolidarse y crecer, y animar nuevas iniciativas empresariales a implantarse no sólo en la comarca, sino en todos los territorios que una nueva línea ferroviaria, competitiva y ágil atraviese.
Demasiado tiempo hemos asumido dificultades presupuestarias que impedían enfrentar la ejecución de este proyecto que, sin embargo, no han sido obstáculo para el desarrollo paulatino de otras infraestructuras de menor calado y demanda social, unanimidad institucional y necesidad económica.
Incluso esas trabas o limitaciones de naturaleza presupuestaria parecen al fin resueltas ante la perspectiva que abren dos elementos novedosos. De un lado, los fondos extraordinarios europeos destinados a ayudar a todos los países de la Unión en la recuperación a consecuencia de la pandemia. España contará con recursos suficientes para financiar con cargo a dichos fondos proyectos vinculados a varios ejes, y entre ellos los que garanticen la sostenibilidad ambiental, la cohesión y la vertebración territorial. De otro lado, el gobierno de España encara la elaboración de unos PGE que dan certeza económica a inversiones de calado, toda vez que se están diseñando desde esa misma perspectiva de la recuperación postcovid. Suponen la garantía expresa de cuentas expansivas para todas las CCAA y reservan margen estatal suficiente para dinamizar la economía y la creación de empleo estable, palancas con la que revertir las devastadoras consecuencias que aún padecemos en mitad de una crisis sanitaria que ha desplomado la producción y el consumo a niveles dramáticos.
Por tanto, se dan las circunstancias apropiadas para que nuestra conexión ferroviaria se introduzca en la agenda política a nivel europeo y estatal, con un cronograma serio y ajustado en el tiempo que responda tanto a este momento presupuestario propicio, como a las obligaciones legales asumidas por nuestro país con la UE sobre su ejecución y finalización.
Volver a relegar este proyecto no es un escenario que pueda contemplarse, no tendría defensa posible ni respondería a criterios que pudieran calificarse mínimamente como asumibles. Tan sólo desde una planificación de inversiones que respondiera a la arbitrariedad o a intereses ajenos al interés general podríamos encontrarnos fuera de las prioridades, algo que por tanto no barajamos.
