La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que abre juicio oral contra 21 personas, entre ellas cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado, para las que la Fiscalía pide penas de entre dos y tres años de prisión por un delito de fraude en el proceso de ampliación del puerto gijonés de El Musel.
La Fiscalía pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación para el entonces secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, y para el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, mientras que para el expresidente del puerto gijonés, Fernando Menéndez, solicita tres años de cárcel y 25 de inhabilitación al añadir al de fraude dos delitos de prevaricación.
El cuarto algo cargo acusado es el exdirector del puerto de El Musel José Luis Díaz Rato, al que el Ministerio Público considera autor de un delito de fraude y cooperador necesario en otro de prevaricación por lo que pide tres años de prisión y 18 de inhabilitación para empleo público.
Los otros 17 encausados, para los que los que la Fiscalía pide penas de dos años de prisión y nueve de inhabilitación como cooperadores necesarios de un delito de fraude, son responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, Sato, FCC y Alvargonzález Contratas), que resultó adjudicataria de la obra.
Además, la Fiscalía pide para el expresidente del puerto gijonés el pago de una indemnización de 8,3 millones más intereses a la Asociación de Vecinos del Alto Aboño por la expropiación de unos terrenos que no se llegaron a utilizar y que conllevó el derribo de varias edificaciones y considera responsable civil subsidiario a la Autoridad Portuaria de Gijón.
Anticorrupción considera que la cementera Tudela Veguín (Grupo Masaveu) fue partícipe a título lucrativo por valor de 80 millones de euros en el proyecto al alcanzarse «acuerdos paralelos» que supusieron unos notables beneficios económicos para la empresa, que sólo facturó a la UTE el importe relacionados con la explotación de las canteras, «sin que se pactara ninguna contraprestación económica directa por la extracción de los materiales».
No obstante, la UTE admitió haber abonado esos 80 millones de euros, al margen de las compras de cemento, a Tudela Veguín por unas contraprestaciones complementarias «que no fueron nunca facturadas» destinadas a varias obras en beneficio de la empresa cementera, a la que la Fiscalía pide que indemnice por esa cuantía al Estado.
Las obras fueron adjudicadas por 580 millones en el año 2005 y finalmente costaron 800 millones, se financiaron en parte con fondos europeos, pero en vista de las sospechas de irregularidades en su ejecución la Comisión Europea solicitó a España que devolviese la subvención de 247,5 millones concedida al proyecto.
Además de la Asociación de Vecinos del Alto Aboño, en la causa está personado el Observatorio Ciudadano Anticorrupción (Ocan), un colectivo vinculado a Podemos, que, junto a penas de prisión más elevadas, pide que todos los acusados indemnicen al Estado con la cuantía a la que se elevó el sobrecoste de las obras de ampliación. EFE
