El delegado especial del Estado para la Zona Franca, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha remitido una carta a las empresas de su recinto y a las que abarca el proyecto de ampliación del mismo hacia el polígono de los antiguos astilleros, con un cuestionario destinado a recabar información sobre «las consecuencias» de las restricciones del estado de alarma dictado para frenar la propagación del coronavirus Covid-19, en la actividad de estas sociedades.
La carta está dirigida a las empresas del actual recinto de la zona franca hispalense y a las empresas del sector metalmecánico instaladas en el polígono del Puerto correspondiente a los antiguos astilleros, es decir GRI Towers, Tecade, Megusa, Ditecsa, Astilleros del Guadalquivir, Gmetal y Apimosa.
En esta misiva, Monteseirín pide «participación» a estas entidades para «realizar una valoración de las consecuencias que está teniendo el periodo de restricciones» a la actividad económica implícitas en el estado de la alarma decretado por el Gobierno central para contener la expansión del coronavirus Covid-19, al objeto de realizar «un informe de situación» que será remitido a las instituciones que conforman el consorcio gestor de la zona franca, para que adopten «medidas específicas».
En el cuestionario se solicita a las empresas que informen sobre aspectos como «en qué medida ha alterado» la crisis desencadenada por la propagación del coronavirus Covid-19 su actividad productiva propia, las medidas implantadas de manera «inmediata» ante las nuevas circunstancias, la repercusión de esta situación excepcional en los resultados económicos de este año o el porcentaje de tarea que no ha sido posible canalizar a la modalidad de teletrabajo, por ejemplo.
