El taponamiento del río Guadiaro vuelve, un año más, a enfrentar a las Administraciones

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El alcalde de san Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciado públicamente el debate competencial sobre quien debe actuar en la desembocadura del rio Guadiaro, taponada desde hace casi una semana, y en la que ni Junta de Andalucía, ni Gobierno de la nación actúan. La primera autoridad municipal se queja de que tenga que ser, de nuevo, el Ayuntamiento el que intervenga para dar una solución a este problema medioambiental.
Ruiz Boix alerta que “vivimos un verano castigado de nuevo por el cierre de la bocana del rio Guadiaro y lo hacemos nuevamente en un nuevo episodio de debate competencial entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Demarcación de Costas del Gobierno de España”. “Tenemos otra vez -se queja Ruiz Boix- otro debate competencial sobre quien debe actuar en una zona que es parte de Red Natura 2000, como es la bocana del río Guadiaro, con el cierre que afecta a la zona costera de playas ubicadas en el rio de Guadiaro”.
Ruiz Boix vuelve a levantar la voz para confrontar los informes
Explicó el alcalde que “existe un informe de la abogacía del Estado, y un informe de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta”, que son contradictorios, y por tanto “ninguna de las
administraciones se hace cargo con responsabilidad, con coherencia, sobre lo que ocurre en esa bocana del río Guadiaro, que lleva cerrada ya varios días”. Alertó la primera autoridad de que “ya empieza a haber un problema de oxigenación en la distinta flora y fauna, en esos peces que van buscando el mar y que se encuentran con esa barrera”.
El alcalde muestra su preocupación porque “ ya vemos nuevamente cómo los ecologistas y distintos vecinos del Campo de Gibraltar y especialmente de San Roque se preocupan, hacen un nuevo llamamiento para
que, de una vez por todas, y después de años, podamos saber quién es el competente para esta actuación”.
Recordó que “el Ayuntamiento de San Roque lleva sufriendo los costes económicos de distintas actuaciones, que hacemos siempre en momentos de emergencia, pero sabemos que no es nuestra competencia porque sabemos que no tenemos que tener ninguna previsión, no tenemos que realizar ningún presupuesto para atender lo que compete a otras administraciones, ya sea al gobierno de España, ya sea la Junta de Andalucía”. “¿Tan difícil es sentarse en una mesa y aclarar de una vez por todas con los informes encima de la mesa a quien corresponde esta situación?”, se pregunta Ruiz Boix.
Ruiz Boix vuelve a levantar la voz para confrontar los informes, “para ver si el informe de la abogacía del Estado que señala que es la Junta de Andalucía la competente; y la Junta que se manifieste porque lo que
hay hasta la fecha es un informe firmado por el anterior delegado territorial, un informe de carácter político, que también espero esté sustentado en los técnicos del área de la Consejería para que de una vez
por todas se aclare cual es la administración competente”. “Lo que está claro es que los perjudicados somos los vecinos y el Ayuntamiento de San Roque, que lleva años teniendo que atender esta realidad con más de 100.000 euros en la suma de todas las actuaciones que hemos realizado por emergencias en los distintos años”, indicó.
Por ello, y ante la desidia de esta semana que ha transcurrido sin que ninguna administración se haya manifestado, “tenemos que ir pensando que vamos a realizar una actuación en los próximos días, cuando sea emergente, y vamos a permitir nuevamente que tengan que actuar con métodos rudimentarios los ecologistas, vamos a tener que permitir el que nuevamente el Ayuntamiento, de las arcas municipales, tenga que actuar con la maquinaria para abrir una zanja para que permita la comunicación río-mar”.
El alcalde exige que «de una vez por todas se resuelva esta situación, que ya sabemos que también va a ocurrir en el año 2020, en el 2021 y que no pueden ser los sanroqueños los paganos de este debate
competencial entre dos administraciones, que luego si que se entrometen para decirnos cual es la regla del techo de gasto o cuales son las competencias sobre las que podemos y no podemos actuar”.

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