La Junta de Andalucía está trabajando en la normalización de 13 instalaciones portuarias de la comunidad que se encuentran en una situación de incertidumbre por la indefinición en torno a la duración de las concesiones.
Estas instalaciones náutico-deportivas son Aguadulce, Almerimar y Club Náutico San José, en Almería; Sotogrande, en Cádiz; Marina del Mediterráneo Este, en Granada; y Benalmádena, Estepona, Marbella, Marina Mediterráneo Duquesa, Fuengirola (dos), Puerto Banús y Club El Candado, en Málaga. En total, generan más de 500 empleos directos y gestionan más de 7.000 atraques, cientos de locales y, en algunos casos, hasta apartamentos.
El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento de un informe de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en el que se aborda el problema de estas concesiones. El origen reside en que las instalaciones portuarias se asientan sobre porciones de suelo de competencia estatal y se regulan a través de normativas de costas y puertos que han llevado a diversas interpretaciones de cara a su aplicación.
El informe hace un repaso de esta normativa y recuerda que la Ley de Costas de 1988 establecía un límite máximo de 30 años para las concesiones, el cual se amplió en 2013 a 75 años. Un año después, el reglamento de la norma estableció que las licencias otorgadas antes de la Ley de Costas tenían un plazo máximo de 30 años desde su entrada en vigor, aunque permitiendo prórrogas conforme a la normativa de Puertos del Estado.
Tras varios informes jurídicos y reiteradas consultas a la Administración central –última de enero de 2019–, el Estado no se ha pronunciado salvo para indicar que cada comunidad debe interpretar la legislación vigente dentro de sus competencias. Esa situación se ha resuelto en otras comunidades mediante una regulación normativa propia, no así en Andalucía.
La Administración autonómica no había abordado hasta el momento esta problemática y sólo en verano de 2018, en el Parlamento, se presentó una proposición de ley basada en respetar el plazo previsto en cada concesión.
La tramitación de esta proposición de ley caducó al finalizar la legislatura y, además, reunía una serie de problemas de fondo como la oposición expresa del Estado, un informe jurídico de la Junta en contra por no aplicar ni la Ley de Costas ni la de Puertos; o la falta de encaje legal del modelo planteado -similar al adoptado por Canarias- y que tras la interpretación realizada por Estado vía Comisión Bilateral dejaba fuera a concesiones como la de Puerto Banús.
Esta situación, añade el informe elevado al Consejo de Gobierno, «está afectando gravemente al sector, porque les impide realizar previsiones a corto y largo plazo», ya que la finalización de estas concesiones «podría acarrear la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos y la paralización económica por la pérdida de actividad».
A ello se suma que la APPA debería asumir la gestión directa mientras se tramitan las nuevas concesiones, «para lo que no dispone de los recursos humanos y materiales suficientes», sumado todo ello a los perjuicios económicos ante posibles reclamaciones de las concesionarias y de terceros por el uso de atraques o inmuebles con contratos en vigor.
