La falta de apoyos al Gobierno para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y, por tanto, la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie la convocatoria de Elecciones Generales, pueda dar al traste con meses de negociación en el sector de la estiba.
La incertidumbre ha crecido en el sector por lo que puede suponer la falta de un presupuesto en el que se habían cuantificado unos 30 millones de euros para salvar el problema de las prejubilaciones
De momento, y a la espera de un pronunciamiento de la Comisión Europea sobre el documento trasladado por el Gobierno tras el acuerdo alcanzado entre empresas y sindicatos, la incertidumbre ha crecido en el sector por lo que puede suponer la falta de un presupuesto en el que se habían cuantificado unos 30 millones de euros para salvar el problema de las prejubilaciones, además de otros pasos para la conversión de las Sageps en Centros Portuarios de Empleo.
La ausencia de presupuesto y una posible convocatoria de elecciones puede provocar un grave problema jurídico a empresas y sindicatos, que ya fueron multadas eventualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el acuerdo que alcanzaron para adaptarse a la reforma y liberalización del sector aprobada por el Gobierno y adecuarlo así a las normas europeas y evitar una multa de la UE.
La multa de unos siete millones de euros derivó del expediente sancionador que la CNMC abrió a la patronal de estiba Anesco y los sindicatos Coordinadora, CC.OO., UGT, ELA y la CIG gallega por el acuerdo que alcanzaron a finales de junio de 2017, según estableció en el informe de resolución previo el ‘superregulador’.
Ahora, a la espera de conocer la opinión de Europa sobre lo planteado en el nuevo Real Decreto Ley, el reloj corre más que nunca, ya que la más que posible convocatoria de Elecciones Generales implicaría una inminente disolución de las Cortes Generales, lo que obliga a la congelación de cualquier toma de decisión por parte del Gobierno, mientras que los plazos otorgados por Europa, como prórroga a la aplicación de la normativa del sector, se agotan.
El rechazo de los PGE 2019 supone que, de convocarse, como todo apunta, elecciones en el mes de abril, al menos hasta dentro de cuatro meses no habrá un nuevo Ejecutivo que, además, podría revertir los avances alcanzados con el Gobierno actual y volver a aplicar el contenido del anterior Real Decreto Ley de reforma del sector rechazado de plano por empresas y sindicatos. Una situación que también merma los acuerdos alcanzados en la mesa del V Acuerdo Marco, lo que dejaría sin una estabilidad jurídica a los trabajadores y empresa del sector. La situación – por tanto – no sólo se complica en líneas generales por la falta de estabilidad en el Gobierno de España, sino que, en el caso concreto de la estiba, preocupa y mucho por la repercusión que todo pueda tener en unos puertos que han cosechado sus mejores resultados en años durante 2018.
