La reunión mantenida en las últimas horas en Madrid, entre representantes de los sindicatos y la patronal de la estiba, Anesco, no ha arrojado grandes avances que se sepa en la negociación del V Acuerdo Marco, a pesar de que las partes siguen avanzando dentro de lo posible, ante la incertidumbre que se mantiene, por un lado, por la ausencia del reglamento de descuelgue que debe desarrollar el Real Decreto de reforma de la estiba y, por otro, por las dudas que siguen en el aire sobre la resolución que en breve emitirá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que conllevará, con toda probabilidad, una cuantiosa sanción como consecuencia del acuerdo suscrito para poner fin en su día al conflicto que se vivía en los puertos el pasado año.
El trabajo que viene realizando el Gobierno para cerrar definitivamente el conflicto del taxi ha llevado a sus responsables a pedir a los estibadores algo más de tiempo
Patronal y sindicatos siguen dando pequeños pasos, importantes en muchos aspectos de la negociación como la conversión de las Sagep en Centros Portuarios de Empleo (CPE), a la espera de que el Ministerio de Fomento se pronuncie sobre el reglamento que, aseguró, iba a estar listo este mes de octubre. No obstante, el trabajo que viene realizando el Gobierno para cerrar definitivamente el conflicto del taxi ha llevado a sus responsables a pedir a los estibadores algo más de tiempo para poder concretar una solución definitiva que permita cerrar con éxito el V Acuerdo Marco.
Esta situación, no obstante, puede tener un paso adelante importante en los próximos días, ya que todo apunta a que la próxima semana el coordinador general de Coordinadora, el sindicato mayoritario del sector de la estiba, Antolín Goya, tendrá un encuentro con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. Se espera que este encuentro pueda arrojar luz a una negociación que, aunque con pequeños avances, sigue un tanto estancada a falta de los dictámenes necesarios y tras la petición de nuevos informes por parte del Consejo de Estado, que reclamó opinión a Puertos del Estado y la propia Unión Europea.
