El Parlamento Vasco ha dado este miércoles el visto bueno al dictamen del proyecto ley de Puertos y Transporte Marítimo, último trámite antes de que la Cámara apruebe la primera normativa vasca propia sobre esta materia.
La Comisión de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha debatido el informe de la ponencia que ha trabajado en el desarrollo del proyecto y el grueso del texto ha sido respaldado por el PNV, PSE-EE y PP, que suman mayoría, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos se han posicionado en contra.
Así, el dictamen se debatirá y votará en sesión plenaria próximamente y la ley será aprobada previsiblemente gracias a los votos de nacionalistas, socialistas y populares.
La futura ley afecta a la gestión y regulación de quince puertos vascos, casi todos deportivos y dedicados al ocio, y quedan fuera de esa normativa los más importantes por su carácter comercial, los de Bilbao y Pasaia (Gipuzkoa), que son competencia del Estado.
El Gobierno Vasco ya intentó la pasada legislatura sacar adelante este texto legislativo, pero tuvo que retirar el proyecto de ley al ser enmendado por toda la oposición, incluido el PSE-EE, ahora socio del PNV en el Ejecutivo autonómico.
La principal crítica de EH Bildu y Elkarrekin Podemos se refiere a la entidad que se encargará de la gestión de los puertos, Euskadiko Kirol Portuak, una sociedad pública que pasará a ser un ente público de derecho privado y que estará adscrita al Departamento de Desarrollo e Infraestructuras.
Ambos grupos consideran que esta sociedad podría escapar al control público y abrir la vía de la privatización. Sin embargo, la consejera Arantxa Tapia ya ha dejado claro en varias ocasiones que todas las actuaciones en esta materia estarán en el ámbito de la administración por lo que no se producirán privatizaciones en la gestión.
La nueva ley sustituirá a la que está actualmente en vigente, que es la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
La norma establece el régimen jurídico aplicable a los puertos e instalaciones portuarias y marítimas y regula la gestión del dominio público portuario.
También ordena la actividad de transporte marítimo de pasaje, de mercancías y mixto de competencia del País Vasco y fija el régimen sancionador así como otras cuestiones relativas a la inspección y el control.
Por ejemplo, el texto legislativo prohíbe los vertidos o emisiones contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, procedentes de buques, de embarcaciones o de medios flotantes de cualquier tipo, en el dominio público portuario.
También prohíbe todas aquellas actividades que, de manera directa o indirecta, puedan ser contrarias o perjudiciales para los usos y actividades portuarias. (EFE)
