Dimite el presidente del Puerto de Ceuta

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El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado, ha dimitido del cargo que ha ocupado de forma casi ininterrumpida desde 1996 a propuesta del Gobierno autonómico del PP para dedicarse «en cuerpo y alma» a su defensa en el juicio al que tendrá que enfrentarse en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma, al haber sido acusado de la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación por distintas decisiones en relación con la gestión de la dársena deportiva.

En un comunicado, Torrado, que desde 1996 únicamente dejó la Presidencia del Puerto de Ceuta durante los meses que entre 1999 y 2001 ocupó el GIL el Gobierno de la Ciudad, ha explicado que dimite «con la conciencia tranquila» y «convencido» de su «inocencia» pese a «las graves acusaciones de las que soy objeto».

«Debido a la situación en la que me encuentro, por preservar los intereses de la institución que represento y por el cariño que siento hacia ella he decidido presentar mi renuncia al cargo que ejerzo y dedicarme en cuerpo y alma a mi defensa y a la de la Autoridad Portuaria de Ceuta, ya que no permitiré que éstas se vean dañadas de manera gratuita», ha apuntado.

En el mismo comunicado, Torrado ha agradecido el «apoyo» y la «leal colaboración» que le han brindado las personas y entidades que han confiado en él, «De manera muy especial el personal de la Autoridad Portuaria a la que tanto quiero y debo, los miembros de los Consejos de Administración que he tenido el honor de presidir y toda la comunidad del puerto», ha indicado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta dictó la semana pasada auto de apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial contra Torrado, al que dio diez días para presentar escrito de defensa. La Fiscalía solicita para él una condena de cinco años de cárcel y la acusación particular, de un año y medio más. Además, el Ministerio Pública estima que debería restituir a la Autoridad Portuaria 1,47 millones de euros y el instructor de la causa, que llegó a archivarla dos veces, le ha impuesto una fianza de 2,07 millones para «para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse».