El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre la línea de ayudas a las localidades andaluzas declaradas Municipio Turístico, que en 2018 cuenta con una dotación de tres millones de euros para reforzar la competitividad de estos destinos y garantizar la calidad de sus servicios.
La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta el pasado 17 de abril, se dirige a los 18 Municipios Municipios Turísticos declarados actualmente en la comunidad: Roquetas de Mar (Almería); Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Chipiona, Rota y Tarifa (Cádiz); Almuñécar (Granada); Almonte, Aracena y Punta Umbría (Huelva); Baeza y Cazorla (Jaén); Benalmádena, Fuengirola, Nerja, Ronda y Torremolinos (Málaga), y Santiponce (Sevilla).
Estas subvenciones ya se concedieron por primera vez el pasado ejercicio, con lo que el respaldo total suma unos seis millones de euros en dos años. Fernández ha destacado que, con la nueva convocatoria, se consolidan unos apoyos de gran importancia para que las localidades que ven aumentada su población con la llegada de visitantes ofrezcan servicios públicos de calidad y apuesten por un turismo sostenible.
El pasado año se concedieron 2,9 millones de euros para los 18 municipios (13 costeros y cinco de interior), cuya población suma más de 637.000 habitantes. Las ayudas financiaron 44 proyectos, destinados fundamentalmente a museos y centros de interpretación, zonas arqueológicas, señalización, eficiencia energética, rutas turísticas y mejoras de accesibilidad.
Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competitiva y pueden alcanzar hasta el 100% del importe de proyectos como los relativos a dotación de equipamiento en espacios públicos de interés turístico y cultural, la puesta en valor del patrimonio, la señalización, la creación de rutas, la adaptación a las nuevas tecnologías o la mejora de la accesibilidad.
La figura de Municipio Turístico está regulada por un decreto aprobado en 2017 en sustitución del vigente desde 2002. Como principal novedad, esta norma suprimió la exigencia de una población superior a los 5.000 habitantes para obtener la declaración. Con ello, cualquier ayuntamiento puede acceder a sus beneficios siempre que cumpla con los requisitos establecidos y que la población de referencia sea inferior a 100.000 personas.
De acuerdo con el decreto, el reconocimiento de una localidad como Municipio Turístico conlleva la mención de esta condición en las acciones promocionales del destino que desarrolle la Junta, así como la posibilidad de firmar convenios de colaboración en los que, como novedad, pueden participar otros departamentos del Gobierno autonómico, además de la Consejería de Turismo y Deporte.
REQUISITOS. Entre los requisitos necesarios para acceder a la declaración destaca el del mínimo de población visitante asistida por la entidad local solicitante, que debe acreditarse bien mediante la cifra de pernoctaciones bien por la de visitas. De este modo, la media de estancias en establecimientos de alojamiento deberá superar el 10% de la población total o alcanzar este porcentaje durante al menos tres meses al año. En cuanto a los visitantes, su número tiene que ser cinco veces superior al de vecinos inscritos en el padrón al menos durante treinta días al año, para lo que se justifican las visitas diarias al recurso turístico que registre mayor afluencia en el municipio.
La localidad aspirante también debe acreditar la existencia de un plan municipal de calidad turística y de una oferta consistente basada en recursos patrimoniales, naturales, culturales, etnográficos, deportivos y de ocio, y dotada de unas infraestructuras mínimas para atender a los visitantes.
Además de estos requisitos, la valoración de las solicitudes exige también el cumplimiento de al menos diez de un total de 17 condiciones. Entre ellas destacan que el ayuntamiento destine un presupuesto específico a promoción e infraestructuras turísticas; la existencia de oficinas de turismo; las iniciativas de defensa y restauración del patrimonio; la relevancia de los recursos turísticos del término municipal, especialmente los bienes de interés cultural; el desarrollo de planes vinculados al sector o de accesibilidad; la ubicación en un espacio natural protegido; los servicios sanitarios que se prestan, o un adecuado planeamiento urbanístico.
