La Asociación de Empresas Estibadoras, ANESCO, ha presentado nueve alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases para la adaptación del sector de la estiba a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014.
Una de las alegaciones presentadas está relacionada con la preocupación compartida por todas las Administraciones Públicas y los agentes sociales, de forma que los estibadores portuarios cuenten con la mejor y más adecuada cualificación y formación profesional, al objeto de que los puertos españoles continúen siendo un referente mundial en el tráfico marítimo internacional.
En este sentido, y en relación a la formación asociada al Certificado de Profesionalidad que se regula en el Anexo VIII del Real Decreto 988/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen nueve certificados de profesionalidad de la familia profesional Marítimo-Pesquera, se pide que se fije en 300 horas la duración del módulo de prácticas profesionales no laborales para evitar interferir con la actividad portuaria y repercutir negativamente en la seguridad de las operaciones si se mantiene la redacción actual de la disposición final primera del RD.
Por otra parte, ANESCO también solicita que se incluya la posibilidad de que la Administración Pública autorice expresa y excepcionalmente la obtención del certificado de profesionalidad restringido a la capacitación para realizar determinadas tareas, a través de un programa formativo específico limitado a este alcance, con objeto de que el mercado laboral puede tener la necesaria flexibilidad, garantizándose la formación y seguridad laboral que requiere el sector.
Dado que la adaptación del sistema formativo a las nuevas exigencias requiere tiempo suficiente para su implantación, la asociación de empresarios pide también que la entrada en vigor de la disposición final primera del proyecto no sea inmediata, sino que se establezca una prórroga de 6 meses de forma que se evite el riesgo de que, durante este periodo, no exista personal cualificado y capacitado en el mercado laboral que pueda ser contratado como estibador portuario.
Por otra parte, la patronal de la estiba solicita que se facilite la transición al nuevo régimen de las SAGEP que continúen desarrollando su actividad, así como la constitución y pronta operatividad de los CPE mediante la eliminación de las formalidades y cargas que no son propias de su ámbito de actuación. Con estas propuestas se pretende fomentar y dinamizar la actividad de los operadores en el mercado.
Por último, entre otras de las alegaciones presentadas, los empresarios proponen que se extiendan al colectivo de estibadores que no son plantilla de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios y al resto de trabajadores de las actuales SAGEP, las ayudas en materia de empleo que contempla el nuevo texto normativo.
En otro orden de cosas, la Asociación de Empresas Estibadoras, que representa a más del 70% de los empleadores del sector, mantiene la preocupación ante la incertidumbre jurídica que se puede generar en el sector a partir del 14 de mayo, es decir, al año de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2017, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. Tras esta fecha, tanto el convenio estatal como numerosos convenios provinciales y por puertos, que en estos momentos se encuentran vigentes, entrarían en un escenario de incertidumbre.
