Una catástrofe ambiental similar a la que ocasionó el accidente del petrolero ‘Prestige’ hace 15 años podría volver a ocurrir de nuevo sin que España esté preparada para hacerle frente «con solvencia» mientras el petróleo «sigue viajando por los mares sin las suficientes medidas de seguridad», según ha denunciado la organización Greenpeace con motivo de la efeméride. La ONG advierte de que «no se ha aprendido la lección» y avisa de que es «solo una cuestión de tiempo» que ocurra otra marea negra, al tiempo que lamenta que la sentencia del caso fue «una carta blanca» para la industria petrolera, que sigue transportando hidrocarburos de forma insegura, porque el fallo, en su opinión, garantizó la impunidad a los delitos medioambientales.
Además, destaca que 15 años después no se ha elaborado un estudio integral de caracterización, evaluación y cuantificación de todos los impactos de la marea negra que aquel 13 de noviembre de 2002 afectó a 2.600 kilómetros de uno de los tramos «más ricos, diversos y productivos del litoral».
La responsable de Campañas de Greenpeace, María José Caballero, asegura que la «mala gestión» de la catástrofe ambiental que se hizo «desde el primer momento» ha seguido en el tiempo por lo que no se han podido aprender las lecciones necesarias «para que no se repita la misma historia». La ONG recuerda que las tres principales causas de la mala gestión fueron la decisión de alejar el buque, que «magnificó la catástrofe»; que la información de las administraciones fue escasa y «en ocasiones falsa» y, por último, que la «insuficiente valoración de la dimensión medioambiental del siniestro agrandó su impacto».
Al mismo tiempo insiste en que la industria petrolera aprovecha los recursos naturales pero «no se hace cargo de su responsabilidad» con las consecuencias derivadas de su actividad económica. Entre las consecuencias de aquel accidente, recuerda que los contaminantes vertidos se incorporaron a la cadena trófica y afectaron a recursos vivos vitales para el sector pesquero, lo que provocó implicaciones «inmediatas», en lo biológico como en lo socioeconómico y que el conjunto de los gallegos sufrió efectos a corto, medio y largo plazo que se extendieron a toda la cornisa cantábrica y al sur de Francia.
En cuanto a los efectos para la salud, indica que algunos estudios han confirmado riesgos para aquellos que se enfrentaron al vertido de fuel sin las medidas de protección adecuadas.
DEFICIENCIAS. Por último, señala que el ‘Prestige’ puso en evidencia las enormes deficiencias de la legislación y el régimen de responsabilidad en el transporte marítimo y que el juicio no solucionó las carencias detectadas. En definitiva, Greenpeace advierte de que no se pueden exigir responsabilidades a las empresas implicadas en una catástrofe ambiental porque la legislación internacional las ampara y tampoco se pude demostrar negligencia o dolo de los responsables políticos pues no se puede juzgar sus decisiones. Finalmente, asegura que la demanda de la ONG de un régimen de responsabilidad ilimitada para accidentes como el ‘Prestige’ «sigue siendo una utopía» porque el mecanismo de indemnizaciones de Europa se basa en la responsabilidad limitada del propietario de la nave de acuerdo con el tonelaje del buque. Por ello, Greenpeace ve la solución en el cambio de modelo energético que ponga fin a la dependencia de los combustibles fósiles.
