El Ministerio del Interior ha utilizado barcos para alojar a los agentes que integran el amplio dispositivo de seguridad del Gobierno para cumplir con el mandato judicial y frenar los preparativos del referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.
Se trata de uno de los mayores dispositivos de seguridad de la democracia, con un despliegue en el que se llegarían a movilizar a 4.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña si el Gobierno entendiera que es necesario para, de esta forma, garantizar el respeto a la ley.
Interior ha fletado para tal fin barcos en los que alojar a los agentes antidisturbios que se están trasladando a Cataluña como refuerzo ante la escalada del referéndum del 1-O, según ha adelantado este miércoles ‘El Confidencial’. Dos de las embarcaciones se mantendrán atracadas hasta después de esa fecha en el puerto de Barcelona y, la tercera, fondeará en Tarragona.
Entre los agentes movilizados de todos los puntos de España se encuentran efectivos de Información y de Policía Judicial, además de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y el Grupo de Acción Rápida (GAR), la Unidades de Reserva y Seguridad (GRS) y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil.
La excepcionalidad de la situación tras la desobediencia al Tribunal Constitucional de los independentistas ha llevado a Interior a cursar una instrucción que modifica el régimen de vacaciones, permisos, licencias, jornada y horarios del personal que participa en el dispositivo extraordinario. Interior asegura que, excepcionalmente, se podrá prorrogar el período de vigencia de la orden si las circunstancias así lo aconsejaran.
Las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han informado a las asociaciones y sindicatos de ambos Cuerpos de esta instrucción por la que se suspenden las libranzas entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, aunque ampliable si las circunstancias así lo aconsejasen.
