El grupo socialista en la Diputación de Cádiz va a presentar una moción al Pleno en la que solicita, al Gobierno central, que defienda ante las instituciones comunitarias una moratoria que evite la entrada en vigor del desembarque del besugo menor de 33 centímetros que sea capturado por la flota voracera del Campo de Gibraltar, con una vigencia mínima hasta enero de 2018.
Esta decisión se produce ante la nueva situación creada desde el pasado 9 de mayo, cuando el Boletín Oficial de la UE publicó el reglamento que establecía una talla mínima de referencia para el besugo en el océano Atlántico Nororiental de 33 centímetros, cuando antes era de 25 centímetros. En este sentido, el documento señala la necesidad de tener en cuenta un estudio que ha encargado la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural al Instituto Español Oceanográfico con el que se pretende demostrar la alta supervivencia de la especie.
El grupo socialista en la Diputación de Cádiz espera la inminente publicación de un Reglamento Delegado de la Comisión Europea que establecerá la obligación de desembarque para la flota voracera del Campo de Gibraltar de todo ejemplar menor de 33 centímetros, lo cual complicaría la supervivencia de los más de 72 buques que dan empleo a más de 220 tripulantes y de los que viven casi 300 familias.
Por ello, se va a pedir que el Gobierno de España interceda en esta circunstancia, que hará que la flota voracera sufra un «enorme impacto socioeconómico», ya que ambas medidas ponen a estos pesqueros en desigualdad de condiciones con otras flotas que faenan en el mismo caladero pero pertenecen a una jurisdicción extracomunitaria.
Esta circunstancia es necesaria para conseguir una moratoria para que puedan seguir faenando, máxime cuando los estudios científicos apuntan a la gran supervivencia de la especie del besugo.
Es preciso que las decisiones de la UE no traben la supervivencia de la flota voracera y que se tengan en cuenta los estudios que garantizan la alta supervivencia del besugo, a través de una moratoria que palie el alto impacto socioeconómico que supondría poner en vigor las nuevas normativas restrictivas para la flota campogibraltareña respecto a otras extracomunitarias que utilizan el mismo caladero y que se verían beneficiadas.
