El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto finalmente a España una multa de tres millones de euros por retrasarse dos años y medio en llevar a cabo la reforma que liberaliza el sector de la estiba, lo que supone una rebaja de más de 21 millones de euros sobre la sanción inicial.
El total que tiene que pagar España por este asunto es de tres millones de euros, ante la reducción de la sanción inicial de 27.522 euros diarios que exigía la Comisión Europea (CE) a tenor de una primera sentencia del 11 de diciembre de 2014.
Los magistrados de la corte de Luxemburgo argumentan la sanción inferior porque “deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del incumplimiento que se le imputa y, en particular, la duración y la gravedad de la infracción”.
El TJUE no acepta el argumento del Gobierno de España sobre que el retraso en el incumplimiento obedeciera a «dificultades internas relacionadas con la disolución del Parlamento nacional, con el hecho de que el Gobierno se encontrara en funciones y con la celebración de nuevas elecciones». La Justicia europea sí valora que «España ha demostrado buena fe, en particular cooperando estrechamente con la Comisión durante el procedimiento administrativo previo».
No obstante, el Tribunal recuerda que «transcurrieron 29 meses» entre aquella primera sentencia y el decreto ley para reformar el sector de la estiba que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 18 de mayo, de modo que «está justificado imponer al Reino de España el pago de una cantidad a tanto alzado». Así, en una «apreciación equitativa de las circunstancias del caso», la corte fija en tres millones de euros más las costas procesales.
Fuentes del Ministerio de Fomento de España aseguran que se trata de «una rebaja de 21 millones» respecto a los 24 millones de euros de sanción acumulada, pues se esperaba que el tribunal sólo evitase condenar a España a una segunda multa de 134.107,2 euros diarios a la que se enfrentaba por persistir en el no incumplimiento de aquel primer dictamen.
El Gobierno, que ha coordinado la reforma legislativa con la Comisión Europea, redactó un primer decreto ley para reformar la estiba, que fue rechazado en el Congreso de los diputados el pasado mes de marzo. Sin embargo, la Cámara Baja sí aprobó un segundo decreto el pasado 18 de mayo muy similar al primero, con 174 votos a favor (PP, Ciudadanos, PNV, UPN y Foro Asturias) y 8 abstenciones (PDECat).
Bruselas dijo entonces que entendía que España se ajustaba así a las normas de la Unión Europea, por lo que recomendaría al TJUE «congelar» la segunda multa de 134.107,2 euros diarios.
