El Subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, y el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente, Ángel Acuña, han instado al Gobierno de España a actuar en la desembocadura del río Guadiaro, desbloqueándola de arena para evitar la mortandad de peces.
La Consejería de Medio Ambiente asegura que la concesión al Ayuntamiento de San Roque, para sacar arena, no le exime de su responsabilidad de ejercer su competencia. De hecho, el 23 de agosto de 2016 la propia Demarcación de Costas solicitó los permisos ambientales a la Junta de Andalucía para meter máquinas en la desembocadura, autorizándose los trabajos horas después.
En 2016, después de más veinte días de cierre de la bocana y cuando desde el Ayuntamiento se actuó para evitar un problema medioambiental derivado de la muerte de miles de peces, Costas abrió expediente sancionador al consistorio y luego tan sólo retiró 10.000 metros cúbicos de arena. Pero los técnicos municipales consideran que es necesario retirar más de 80.000 metros cúbicos.
El Ayuntamiento sanroqueño asumió, entonces, una competencia que no le correspondía y en colaboración con colectivos ecologistas y vecinos, utilizaron maquinaria pesada de la empresa pública Emadesa, para abrir la bocana.
El 26 de septiembre de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente abrió un expediente sancionador contra el Ayuntamiento, en el que acusaba al Gobierno municipal de haber actuado sin la preceptiva autorización administrativa, lo que se consideraba una actuación grave que podía ser sancionada con hasta 300.000 euros de multa.
Ahora, meses después, el conflicto entre Administraciones continúa y el peligro de una mortandad masiva de peces en las aguas del río sigue creciendo.
