El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador de la acuicultura marina en Andalucía, una actividad que supone la quinta parte de toda la facturación del sector pesquero andaluz, con 70 millones de euros anuales y 10.000 toneladas de producción.
La norma agiliza el procedimiento de autorización de apertura y reforma de instalaciones, reduciendo el plazo de nueve a seis meses para las explotaciones en dominio público-marítimo terrestre y a tres para las situadas en terrenos privados, según lo ha señalado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Además, se simplifican trámites y se delimitan con mayor claridad las competencias de las distintas administraciones según las fases y tipos de zonas. Estas mejoras permitirán a su vez impulsar los incentivos autonómicos a los proyectos de inversión, que en su última convocatoria publicada en marzo suman once millones de euros.
De acuerdo con el decreto, una vez admitidas las solicitudes de autorización, el expediente se someterá durante 20 días a información pública para la presentación de alegaciones. De este trámite estarán exentos los proyectos en terrenos de propiedad privada, los de finalidad experimental y los que supongan modificaciones de permisos previos cuando, entre otras condiciones, no alteren el objetivo original, no aumenten la superficie concedida o no superen en más de un diez por ciento la autorizada para instalaciones.
La norma también recoge la creación del Registro Oficial de Establecimientos de Acuicultura, en el que se inscribirán de oficio las 95 empresas que actualmente cuentan con permiso para la producción de cultivos marinos. Incluido en la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Ganadera (Siggan), este instrumento ofrecerá información completa, fiable y actualizada para la elaboración de directrices, planes y estadísticas.
De igual modo, se crea el Comité de Acuicultura de Andalucía, órgano de consulta y asesoramiento en el que estarán representados el sector y las administraciones estatal y autonómica con competencia en la autorización de estas instalaciones. Además de informar de los proyectos normativos que afecten a la actividad, también se encargará de dar a conocer los permisos pendientes para agilizar su resolución.
Finalmente, el texto establece previsiones para favorecer la diversificación productiva y la compatibilización de la acuicultura con otras actividades complementarias, como las de aprovechamiento de recursos culturales y paisajísticos o las de tipo deportivo y educativo.
El decreto aprobado este martes por el Consejo, muy demandado por el sector, cumple una de las previsiones de la Estrategia Andaluza de Acuicultura Marina de la Junta 2014-2020, dotada de un presupuesto de casi 47 millones de euros.
Andalucía aporta el 20 por ciento de la producción acuícola marina en España. El sector está integrado actualmente por 95 pequeñas y medianas empresas de carácter privado y 160 establecimientos autorizados (138 en tierra y 22 en mar abierto) que dan empleo a más de 750 personas. La superficie de proyectos autorizados supera las 8.500 hectáreas, el 88 por ciento de ellas en tierra.
