Aunque en el transcurso de la tarde hubo momentos que parecía cercano, finalmente no hay acuerdo total y el conflicto de la estiba seguirá escribiendo nuevos capítulos. Sí que han alcanzado un punto de encuentro los sindicatos y la patronal Anesco y, aunque la subrogación parecía aceptada por el Ejecutivo en un primer momento, el hecho de que se recoja en una ley u otro instrumento normativo continúa como principal escollo para el acuerdo, según se desprende de lo indicado por las distintas partes al término de la reunión mantenida este miércoles.
No obstante, el mediador de la negociación, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha convenido en presentar a las 19.00 horas de este jueves una propuesta de mediación con el fin de facilitar un eventual acuerdo.
Por el momento, al término de la reunión de este miércoles, el rechazo del Gobierno al pacto entre empresas y trabajadores se centra fundamentalmente en el punto del acuerdo que establece que «la garantía de empleo de los actuales trabajadores que presten servicios en la estiba deberá realizarse mediante una disposición normativa con rango de ley».
El Ejecutivo también rechaza otro de los aspectos de los acuerdos por el que las empresas piden ayudas públicas para compensar los mayores costes laborales que supondrá la subrogación de los estibadores en comparación a eventuales nuevas contrataciones.
«Se trata de dos medidas contrarias a la normativa europea que pretendemos cumplir con la reforma, al sistema legal de relaciones laborales y al sentido común», aseguró el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, representante del Ejecutivo en la reunión, para explicar su rechazo.
En este sentido, el ‘número dos’ de Fomento insistió en que el Ejecutivo lo único que puede hacer es «sobre la base de una acuerdo laboral, favorecer la elaboración de una norma que regule las condiciones de subrogación acordadas libremente».
«Lo que no se puede admitir es que una ley imponga a una empresa contratar los trabajadores», reiteró Gómez-Pomar, dado que eso es contrario a la norma de libertad de empresa en la UE que se pretende cumplir con la reforma del sector.
Asimismo, rechazó que con cargo al erario público y a los impuestos de los españoles se compense a una empresa por soportar unos mayores costes laborales.
BAJADA DE SUELDO DE HASTA UN 10%. Tanto los sindicatos del gremio como la patronal Anesco expresaron su «sorpresa» ante el hecho de que el Gobierno haya rechazado un acuerdo sectorial, en contra de lo que venían manteniendo hasta ahora.
La organización empresarial «lamentó» que no se pudiera alcanzar un acuerdo tripartito, si bien confía en que «la situación se pueda reconducir», según su director gerente, Pedro García.
En su opinión, el acuerdo «recoge cuestiones positivas para el sector tanto en relación con medidas organizativas y productivas, como respecto a las garantías de continuidad en el empleo de los actuales trabajadores».
De su lado, Antolín Goya, dirigente de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicatos de estibadores, se preguntó qué más tienen que hacer los agentes del sector «para demostrar al Gobierno que la reforma de la estiba puede cumplir con lo que manda Europa de otra forma».
Según explicó, el principio de acuerdo es fruto del «un gran esfuerzo» que las partes han realizado por acercar las posturas que quedaron enfrentadas en el último encuentro. Así, asegura que han aceptado una mayor rebaja salarial, de hasta el 10% frente al 6% propuesto inicialmente, que haya un ajuste por prejubilaciones e incluso dejar de pedir que el mantenimiento del empleo se articule en el Decreto de reforma del sector, sino en un «instrumento legal».
«Pero el Gobierno dice que tampoco sirve», lamentó Antolín Goya, que mantiene que la subrogación debe recogerse en «cualquier fórmula, pero que tenga rango de ley, para que no se cuestione».
TURNO DEL MEDIADOR. El turno es ahora para el mediador de las negociaciones, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, quien ha quedado en presentar este jueves un acuerdo de mediación con el fin de reconducir la situación y analizar la posibilidad de llegar a una solución.
De su lado, los sindicatos (Coordinadora, CC.OO., UGT, CIG y USO) manifestaron su intención de transmitir su principio de acuerdo con la patronal a los grupos políticos «en la confianza de que transmitan sensatez a Fomento».
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