El puerto de Algeciras, al igual que el resto de puertos de España, se prepara para un conflicto en el sector de la estiba que puede causar – como ya han avisado empresas y sindicatos – graves perjuicios económicos, no sólo a esta ciudad, sino a toda Andalucía.
El Gobierno fijó, en la noche del martes, los servicios mínimos, que llegan a ser del 100% para las operaciones que más afecten al tráfico portuario. Deberán garantizarse todos los transportes de mercancías peligrosas, pero también de las mercancías perecederas, las que afecten a productos indispensables fuera de la Península y de los buques que lleven tanto mercancías, como pasajeros.
Para el resto de casos, el rendimiento del puerto no podrá ser en ningún caso inferior a la mitad del que registró el año pasado. Los estibadores defienden que no son necesarios servicios mínimos porque los paros convocados son parciales. El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, asegura que “se velará por el cumplimiento de estos servicios mínimos”.
De la Serna asegura que se han cuantificado las pérdidas en estos momentos, antes incluso del inicio oficial de los paros, en «50 millones de euros diarios” y ha confirmado incluso en la Cadena COPE que “ya hay empresas que están buscando puertos alternativos”.
El responsable de la cartera de Fomento dice no entrar en que existan familiares en las sociedades de estiba. En lo que está es “en cumplir una sentencia que nos amenaza con sanciones de 134.000 euros diarios, hasta que la cumplamos”. “Alguien tendrá que poner sentido común a esto y cuando llevemos 500 millones de euros, dirá: habrá que aprobar una modificación de la Ley, para que las empresas puedan contratar libremente a sus trabajadores, incluso las mujeres”, apostilla el ministro de Fomento, para defender su actuación con el traslado este viernes al Consejo de Ministros, del proyecto de Real decreto Ley de reforma de la estiba.
La situación se torna complicada, ante un conflicto que nadie quiere, ya que empresas y sindicatos han insistido con la firma del acuerdo obviado por el Ministerio de Fomento, que lo más importante en estos momentos, es el mantenimiento de la paz social y el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo, a través de una reforma consensuada.