Desde que se conoce el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra del sistema de la estiba español a, el Sindicato Marítimo de UGT ha querido recordar que “el Gobierno ha manifestado reiteradamente a UGT su intención de pactar una reforma que, cumpliendo con lo dictaminado por el derecho Comunitario, mantuviese la paz social en los puertos”. “Parece ser que cumplir con lo pactado no es precisamente uno de los principios que caracterizan a un Gobierno del Partido Popular que lleva instalado en la mentira desde que iniciara su andadura allá por el 2012”, añade el sindicato en una nota pública.
Por ello, UGT muestra su “absoluta disconformidad” contra la interpretación que el Gobierno “y, en particular, el Organismo Público Puertos del Estado” hacen de la sentencia de Luxemburgo, ya que “supone vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Estiba vía Real Decreto. Esta circunstancia, como el propio Organismo ha revelado al tasar las posibles indemnizaciones, va a conllevar un número muy significativos de despidos en el sector”, recuerda.
Para el sindicato resulta “significativo que las empresas estibadoras, que recientemente han aumentado la plantilla de personal portuario, ahora vengan a decir que sobran trabajadores en aquellos mismos puertos donde los han incorporado”, interpreta y se pregunta “¿no será que lo que quieren es despedir, pagando con dinero público las indemnizaciones correspondientes, a los que han consolidado sus derechos laborales para que los nuevos trabajen por mil euros?”.
Como recuerda en el escrito UGT, las indemnizaciones no les van a costar ni un euro a las empresas estibadoras, ya que, “como ha manifestado Puertos del Estado, existe la intención de que se paguen con dinero público, es decir, salgan de las arcas de las Autoridades Portuarias”, cuyos trabajadores “vienen sufriendo recortes desde el año 2010, a pesar de que los beneficios anuales en los años peores de la crisis han sido de más de 200 millones de euros, con cifras de inversión por ejercicio que sobrepasan los 400 millones de euros”.
Desde 2012, las ventajas que el Gobierno ha otorgado a los empresarios que operan en los puertos son muy significativas, para la Unión General de Trabajadores, que las resume en:
- “Reducción de tasas superiores al 5% a esas empresas que ya fueron beneficiadas con la devolución de la tarifa a la mercancía. Pese a que las Autoridades Portuarias prestaron ese servicio se les regalaron más de 400 millones de euros”.
- “Más de 100 millones de euros por año en bonificaciones comerciales”
- “Posibilidad de aumentar los plazos concesionales de 35 a 50 años”
- “Reducción de las valoraciones del suelo portuario con su consiguiente reducción del pago por concesiones”
- “Asunción por las Autoridades Portuarias de las inversiones en accesibilidad a los puertos, tanto viarias como ferroviarias, competencia que debería ser asumida por Carreteras o ADIF.
De forma inversamente proporcional, para UGT, la pérdida de los derechos de los trabajadores “son innumerables”:
- “Se pretende despedir trabajadores portuarios con dinero público con el fin de reducir salarios”
- “Recorte de los salarios de los trabajadores de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado del 5%”
- “Eliminación de la aportación de la empresa al Plan de Pensiones”
- “Aumento de la jornada laboral”
- “Reducción de la aportación al Fondo para Fines Sociales del 1% de la masa salarial al 0,25%.”
- “Eliminación de las autorizaciones de masa salarial para promociones”
- “Disminución de la plantilla al no autorizarse plazas de Oferta de Empleo Público Aumento de la tasa de empleo temporal, superando el 20% en la actualidad”
- “Despidos de trabajadores indefinidos con reducidas indemnizaciones”
- “El último Convenio Colectivo se firmó en 2005 y finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2009”
- “Recortes de numerosas ventajas sociales”
Así, ante los argumentos expuestos UGT exige en voz alta “una rectificación inmediata de la política en materia portuaria.
