La Eurocámara, el Consejo de la UE (donde están representados todos los socios comunitarios) y la Comisión Europea llegaron a un acuerdo político sobre esta cuestión a finales de junio. A falta de la aprobación definitiva por parte de los Estados miembros, las nuevas reglas enmiendan la legislación anterior y adecua la normativa con los objetivos de sostenibilidad de la Política Pesquera Común (PPC).
Las nuevas normas también establecen reglas específicas sobre ecosistemas marinos vulnerables (EMV) en profundidades de más de 400 metros. Las embarcaciones tendrán que interrumpir su actividad caso de rebasar las cantidades permitidas de especies indicadoras EMV por captura, y sólo podrán retomarla tras desplazarse al menos a cinco millas náuticas del lugar clasificado como EMV.
En relación a las zonas cubiertas, la UE restringirá el área del Atlántico Nororiental a la zona donde se practicó entre 2009 y 2011. Esta regla se aplicará a las embarcaciones que pescan especies de aguas profundas, es decir, aquellos barcos cuyas capturas de especies de aguas profundas representan más del 8% del total en al menos una de sus salidas cada año.
Además, con el objetivo de garantizar la transparencia se ha incluido la obligación de facilitar información pública sobre la flota comunitaria que pesca en aguas profundas. Los Estados miembros también deberán informar sobre la localización de los ecosistemas vulnerables, mientras que Bruselas se encargará de evaluar estos datos todos los años y adaptar el área afectada por la prohibición.
Por último, la nueva legislación prevé controles más estrictos en el mar. En este sentido, el 20% de las embarcaciones tendrán que llevar a bordo a un «observador» para asegurar la recogida detallada de información.
