Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado que la Junta de Andalucía lleva meses sin responder de manera efectiva a sus solicitudes de información sobre la legalidad y el cumplimiento de la normativa en la Cantera de La Utrera, en Casares (Málaga), desde donde se suministra piedra de escollera para rellenos en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental en Gibraltar.
Según la organización, la Administración autonómica ha remitido respuestas vagas y ha aplicado restricciones al acceso a la documentación, amparándose en el artículo 14 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Esta normativa permite limitar el derecho de acceso cuando la información pueda afectar, entre otros aspectos, a la seguridad pública, la prevención de ilícitos administrativos o la protección del medio ambiente.
Desde Verdemar sostienen que esta respuesta es insuficiente y que la falta de supervisión durante años ha permitido que se realicen prácticas sin garantías ambientales. En este sentido, han reiterado que la Administración andaluza no ha actuado ante el traslado de más de 100.000 toneladas de piedra desde la cantera, lo que, según los ecologistas, podría incumplir la normativa establecida en el Plan Especial para el Aprovechamiento, Restauración, Mejora Técnica y Ambiental de la Cantera de La Utrera, aprobado en 2013 por el Ayuntamiento de Casares.
Asimismo, han criticado la tardanza del consistorio en responder a sus denuncias. Según afirman, el Ayuntamiento ha tardado más de un año en emitir una respuesta, que finalmente llegó tras una reclamación basada en la Ley de Transparencia.
Por su parte, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a través de la Delegación Territorial de Política Industrial y Energía en Málaga, ha indicado que facilitar el acceso completo al expediente de la cantera supondría una sobrecarga administrativa y podría afectar al correcto funcionamiento del Departamento de Minas. Además, han instado a Verdemar a concretar su solicitud y han advertido de que la entrega de ciertos documentos podría estar sujeta al pago de tasas.
Ante esta situación, Verdemar Ecologistas en Acción ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigue las actuaciones relacionadas con la cantera y el posible incumplimiento de la normativa ambiental.
