Acció Ecologista-Agró, integrante de la Comissió Ciutat-Port, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la suspensión de las obras de ampliación del Puerto de Valencia. La petición se fundamenta en un informe pericial aportado a la causa que concluye que el proyecto requiere una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).
El dictamen pericial, elaborado por un experto independiente designado por el tribunal, indica que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) debe llevar a cabo una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria. Según el informe, la modificación del proyecto original de 2007 es sustancial y no se trata de una simple variación, sino de una obra nueva que debe ser evaluada nuevamente.
El estudio técnico señala que la DIA formulada en 2007 se refiere a un proyecto que ha evolucionado con el tiempo y que difiere de manera significativa del anteproyecto constructivo de ampliación portuaria aprobado en 2018. De acuerdo con esta peritación, el actual proyecto no ha sido evaluado en términos ambientales, lo que justifica la necesidad de una nueva revisión.
Ante este informe, la Comissió Ciutat-Port ha solicitado al TSJCV la adopción de una medida cautelar que suspenda la ejecución del acuerdo mediante el cual la APV aprobó el proyecto constructivo, lo que implicaría la paralización de todas las obras en curso relacionadas con la ampliación norte del puerto y el nuevo muelle de contenedores.
Desde la entidad ecologista han manifestado su preocupación por la falta de estudios actualizados de impacto ambiental y sus posibles consecuencias. “Hemos pedido la paralización inmediata de estas obras porque ya queda atestiguado que se conocen los efectos perjudiciales para el medio ambiente que va a traer esta ampliación y debemos detener esta atrocidad antes de que sea demasiado tarde”, ha señalado la Comissió de Territori de Acció Ecologista-Agró.
Hasta el momento, el TSJCV ha rechazado dos solicitudes previas de suspensión cautelar, argumentando la falta de acreditación del periculum in mora (riesgo que exige actuación urgente) y del fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho). No obstante, en esta nueva petición, los demandantes sostienen que ambos criterios concurren, lo que debería llevar al Tribunal a reconsiderar la medida.
El auto judicial detalla que las obras actualmente en ejecución incluyen el dragado del canal de acceso y la demolición del dique construido en la primera fase de la ampliación norte. Asimismo, se menciona que los cruceros turísticos han sido reubicados al sur, en la terminal de Baleària.
En lo que respecta al periculum in mora, el informe pericial de diciembre de 2024 enfatiza que el proyecto actual promovido por la APV es distinto a la “Alternativa 4” aprobada en 2007, por lo que no ha sido evaluado ambientalmente. En consecuencia, el técnico firmante del informe considera necesaria una nueva evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sobre la apariencia de buen derecho, la argumentación legal sostiene que el Tribunal Supremo ha admitido el fumus boni iuris en situaciones donde los valores medioambientales pueden verse afectados, dado que deben prevalecer sobre intereses económicos o particulares de menor relevancia.
En este contexto, la solicitud de suspensión de Acció Ecologista-Agró y la Comissió Ciutat-Port se dirige contra el acuerdo adoptado por el Consejo de la APV el 2 de diciembre de 2022, que aprobó el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte.
Desde el ámbito político, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha reiterado su rechazo al proyecto y ha exigido tanto al Ayuntamiento como al Gobierno estatal su paralización inmediata. Según Robles, “la ampliación del puerto es una aberración que pone en riesgo la Albufera, Valencia y nuestra salud. Es una operación pensada solo para beneficiar a unos pocos”.
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia ha confirmado la recepción del informe pericial y ha indicado que ha respondido en el ámbito judicial. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha remitido a las declaraciones de la APV, mientras que la Consejería de Medio Ambiente e Infraestructuras ha señalado que el proyecto depende del Ministerio de Transportes y de la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica. No obstante, la Generalitat ha reiterado su respaldo a la ampliación del puerto.
